A lo largo de la historia, déspotas y élites políticas prorroguistas de diferentes Estados han optado como estrategia el restringir a su pueblo el acceso a la educación, con el propósito último de extinguir cualquier pretensión de cambio. Esta estrategia ha apelado a diferentes modalidades, desde las más duras y frontales hasta las más disimuladas.
La política educativa establecida por la oligarquía chilena desde el siglo XX es un claro ejemplo de esta estrategia por mantener al pueblo suspendido políticamente, caracterizada no tanto por privar a su juventud de una educación superior, sino más bien de endeudarla durante una buena parte de su vida económicamente activa, a cambio de poder acceder a una formación superior. Se trata de una estrategia perversa, pues si bien al pueblo chileno no se le restringe el acceso al conocimiento, queda, como todo deudor, sujeto al chantaje por parte del Estado acreedor, o en el caso chileno, de la clase política acreedora.
Bajo este accionar, la oligarquía del país trasandino mutó de demócratas de derecha a izquierdas democráticas; y en su tiempo también a dictadura. Empero, desde el 2014 una joven generación le hizo frente a la impostura con movilizaciones en pro de una educación superior fiscal. Esta lucha rindió frutos: en enero de 2018 la presidenta Michelle Bachelet promulgó una ley que establece la educación superior gratuita. Con ello, se puede inferir que a la oligarquía chilena se le vienen batallas internas difíciles en procura de mantenerse en el poder. Por lo que, previsiblemente, recurrirá al frente externo, en el cual la demanda marítima boliviana interpuesta en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) constituye uno de los asuntos más importantes, sino el de mayor relevancia.
Ante este escenario, tomando en cuenta que los alegatos orales finales del proceso impulsado por Bolivia en el Tribunal de La Haya se ejecutarán desde el 19 de marzo; así como la subida al poder, a partir del 11 de marzo, de Sebastián Piñera, uno de los abanderados del conocimiento hipotecado, resulta fundamental distinguir al menos dos aspectos respecto a la manera en la que debería abordarse esta determinante y delicada coyuntura para Bolivia, con miras a una futura negociación con el país vecino.
La primera está relacionada con el ámbito jurídico y el derecho internacional. En este ámbito los pronunciamientos de parte de nuestro país deberían ser realizados estrictamente por los juristas y especialistas que nos representan en el litigio, a fin de forzar respuestas también jurídicas. Y en segundo lugar, esta coyuntura no debería ser contaminada con intervenciones de políticos bolivianos, tanto más perjudiciales por cuanto la confrontación política es dispensadora de legitimidad para las partes. Además, considerando los aspectos antes señalados, toda intervención de políticos bolivianos sobre la temática marítima le permitiría a la vieja clase política mapochina enunciar y alimentar un discurso ultranacionalista reivindicativo de soberanía, que es lo que más necesita en estos momentos para contrarrestar fuerzas centrífugas internas y alinear al pueblo chileno a su favor.
Es de esperar que nuestros políticos no pequen como siempre de ingenuos frente a los chilenos, porque de ser así, estaríamos relegitimando a esa vieja clase política trasandina ante su pueblo. En otras palabras, estaríamos contribuyendo a su restitución como actores políticos con capacidad de pronunciarse en nombre de todo Chile. Y lo que es peor, seguirles el juego podría contribuir a frustrar a esa generación de jóvenes chilenos que apuntan a la renovación no solo de los actores políticos, sino también de las políticas internas y externas, entre las cuales se encuentra el rechazo a la demanda marítima boliviana impulsado por la vieja clase política chilena, posición que se mantendrá mientras sigan en el poder.
