De un tiempo a esta parte, algunas de las licorerías de la sede de gobierno, especialmente en el centro de la ciudad y en el Macrodistrito Max Paredes, han comenzado a instalar rejas o puertas en sus locales, de tal manera que el intercambio de los productos y el dinero se realiza a través de una pequeña ventana. Los dueños de estos establecimientos aseguran que se trata de una medida de seguridad para evitar robos y asaltos.
Sin embargo, estas estructuras también impiden que los guardias municipales puedan controlar efectivamente este tipo de locales, por cuanto no pueden ingresar a estas licorerías a menos que los dueños se los permitan, pues de hacerlo a la fuerza podrían enfrentar procesos por allanamiento ilegal de un inmueble privado. Y como es de suponer, los encargados de los locales que no cuentan con la correspondiente licencia de funcionamiento y/o comercializan bebidas adulteradas o sin registro sanitario les niegan el ingreso. Por esta razón, la Intendencia ha solicitado apoyo al Ministerio Público, para que funcionarios policiales los acompañen en los operativos de control, de tal manera que puedan realizar allanamientos de manera legal.
Se trata sin duda de un necesario apoyo que ojalá sea atendido, tanto más importante por cuanto las bebidas adulteradas y/o vencidas constituyen un grave peligro para la salud, ya que su ingesta puede provocar problemas intestinales, pasando por la pérdida parcial o definitiva de la vista, hasta la muerte por intoxicación.
