En días recientes se difundió la noticia de que extrabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) estarían impulsando su relanzamiento con el apoyo de un empresario por ahora anónimo. Para tal efecto, han solicitado la reactivación de su licencia de vuelo, suspendida en 2013. Pedido que, sin embargo, habría sido denegado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), con el argumento de que el patrimonio declarado por la compañía, cercano a los $us 150 millones, sería “inconsistente”. Simultáneamente, han surgido denuncias que señalan que la firma tendría una deuda tributaria y por el impago de los beneficios sociales cercana a los Bs 964 millones.
Al respecto, voceros del LAB han asegurado que la compañía es dueña de 27 terminales aéreas en el país, y que han logrado recuperar una de ellas, el Aeropuerto El Trompillo en Santa Cruz (valuado en $us 280 millones), y cuya venta permitiría sanear sus finanzas. Además, han adelantado que planean impulsar una conciliación con todas las instituciones del Estado para lograr este cometido.
Más allá de cómo se resuelva este conflicto, tomando en cuenta que hoy en día el mercado aéreo interno está en manos de tan solo dos empresas (BoA, principalmente, y Amaszonas), oligopolio que no solamente limita la frecuencia, los horarios y destinos de los vuelos, sino que además afecta la calidad del servicio y encarece el precio de los pasajes, es de esperar que las autoridades correspondientes hagan los esfuerzos necesarios para impulsar una mayor competencia en el mercado aéreo nacional.
