Luego de las últimas elecciones registradas el pasado domingo en Cuba, el país caribeño registra el porcentaje más alto de participación de mujeres en el Poder Legislativo del continente (hasta antes de estos comicios Bolivia encabezaba esta lista). Actualmente, el 53,2% de las asambleístas en Cuba son mujeres; mientras que en Bolivia este porcentaje es del 52,4%. Estas son buenas noticias y síntomas de que las sociedades en el mundo están cambiando en favor de estructuras cada vez más justas e igualitarias para las mujeres. ¡Qué hermoso sería que luego de cada elección en cualquier país se pudieran celebrar estos logros!
Pero ¿de dónde vienen y a dónde se dirigen estos avances? Responder esta pregunta no parece tarea sencilla cuando se despierta un 15 de marzo con la noticia de que Marielle Franco, concejala de Río de Janeiro, fue asesinada a tiros luego de participar de un acto político. Marielle, feminista, fue una dura crítica y denunciante de la militarización de las favelas de Río y, por supuesto, ella llegó a la política formal desde la izquierda.
La historia nos demuestra que los logros políticos, económicos y sociales en favor de las mujeres se han gestado desde la izquierda y desde el campo popular. De ahí vienen prácticas tan elementales como el sufragio femenino o la preponderancia de las mujeres en el Poder Legislativo, como son los casos de Bolivia y Cuba. Queda claro también que la política decadente se vuelve más reaccionaria en tanto mayor sea la representación femenina, y mucho más en tanto la participación de las mujeres se vuelve más activa, más incómoda y más protagónica. Sin embargo, es en este punto en el que cabe mencionar que las mujeres víctimas de violencia y acoso político son las que de manera específica ejercen un perfil revolucionador del statu quo; y lamentablemente, hay también aquellas que operan en favor de la violencia y el acoso políticos hacia sus congéneres.
La Ley 243 establece claramente cuáles son los elementos que impulsan el acoso y la violencia política hacia autoridades mujeres electas, designadas o candidatas. Persecución y hostigamiento que, por ejemplo, se inicia negando a las autoridades los insumos o la información para que puedan llevar a cabo su trabajo; y que puede terminar con el asesinato de las mujeres políticas. Tal fue el caso de Juana Quispe, concejala del municipio de Ancoraimes que luego de sufrir un acoso político sistemático fue finalmente asesinada, o el de Marielle Franco, quien corrió con el mismo cruel destino.
Escribo esto porque siento un profundo dolor al saber que otra mujer ha sido asesinada por ser política y de izquierda. Además, porque sé lo que significa ser víctima de acoso político, lo he vivido en carne propia. Los hombres y mujeres que abusan de su poder y de sus cargos para herir la subjetividad de mujeres que luchan cada día con granitos de arena por cambiar el mundo deben saber que están cometiendo un delito. Por ello, entre otras cosas, nos hemos planteado, diputadas y diputados, exigir la modificación del Reglamento de Ética de la Cámara Baja, el cual no contempla el acoso ni la violencia política, en el marco del mandato de la Ley 243; así como la investigación de los casos ya denunciados públicamente. Ya no son voces solitarias las que denuncian la persecución y el acoso político; y la lucha es para que ninguna de estas mujeres, ni las que vienen, termine siendo noticia porque no se frenó el acoso del cual somos víctimas.
