El escándalo de Cambridge Analytica no solo ha puesto en cuestión la seguridad de la información de millones de personas que manejan las grandes empresas de redes sociales digitales, sino también su creciente uso para difundir sistemática y profesionalmente mentiras, manipulaciones y otras formas de “guerra sucia” que están socavando la democracia.
Se van acumulando las informaciones y revelaciones acerca de las prácticas irregulares y poco éticas de Cambridge Analytica, la empresa inglesa de comunicación y marketing político digital que habría usado sin permiso la información de 50 millones de usuarios de Facebook para diseñar campañas personalizadas favorables al brexit y a la candidatura de Donald Trump en las redes sociales.
Hasta ahora, el aspecto más comentado ha sido la gran facilidad que tuvo esta empresa para acumular información personal sobre tantos ciudadanos, gracias a su acceso a datos de sus comportamientos digitales en Facebook, mediante los cuales pudo construir propagandas políticas digitales altamente personalizadas.
Esto también ha revelado la existencia de maquinarias profesionales y métodos sistemáticos que pueden contratarse para hacer propaganda en redes sociales. Hay grupos de especialistas que utilizan bots, cuentas falsas y otros instrumentos digitales para generar corrientes de opinión artificiales. Peor aún, los involucrados han reconocido que las campañas más exitosas son las que apelan a las emociones más primarias como el miedo, el rechazo al otro y la indignación. Es decir, son el espacio preferido de las campañas negras y la manipulación.
El fenómeno no solo afecta a países centrales, esa empresa habría trabajado también en África y en América Latina en los últimos años. Las actuales denuncias se refieren a situaciones anteriores a 2016. Por tanto, lo más probable es que hoy existan muchas más empresas dedicadas a ese negocio y que sus instrumentos son seguramente más sofisticados y menos susceptibles de ser cuestionados legalmente. Pero la lógica es la misma: incidir en el comportamiento político mediante mensajes digitales personalizados que apelan a la emotividad más primaria del ciudadano.
Hay una gran discusión sobre la regulación estatal de la acción política en el internet con motivo de este debate. En la práctica, las opciones para incidir en este aspecto son mínimas mientras las grandes transnacionales como Facebook o Google sigan entendiendo que los datos que recolectan de sus usuarios son de su propiedad.
Por tanto, no nos queda más que apelar a un aprendizaje cívico de los ciudadanos cada vez mayor para contrarrestar en algo las manipulaciones que pululan en las redes.
Se ha acabado el tiempo en que se podía creer todo lo que aparecía en internet, las redes sociales o en el WhatsApp; hoy más que nunca precisamos cultivar una sana distancia crítica sobre los contenidos que aparecen en estos instrumentos.
