Tuvieron que pasar casi 15 años desde la “guerra del gas”, en la que fueron asesinados más de 50 compatriotas, para que los principales gobernantes en aquel periodo (el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín) fueran juzgados. Y hubo dictamen unánime del jurado: ¡responsables! Ocurrió en una corte federal de EEUU.
Los hechos son conocidos. Entre el 20 de septiembre y el 16 de octubre de 2003, en la segunda gestión de Sánchez de Lozada (MNR), la movilización ciudadana contra la venta de gas por territorio chileno fue respondida con represión y muerte. Se inició en Warisata (a 100 kilómetros al norte de la ciudad de La Paz), donde una bala mató a la niña Marlene Rojas. Y tuvo centro en El Alto, principal bastión de resistencia en aquel “octubre negro”. El 17 de octubre, sin sus aliados (MIR y NFR), el Presidente renunció y salió huyendo en helicóptero.
Un año después, el Congreso Nacional autorizó un juicio de responsabilidades contra Goni y su gabinete. Tras varios años de proceso, y en ausencia de los principales acusados, quienes fugaron del país, la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia en agosto de 2011 por la “masacre sangrienta”. Cinco militares y tres exministros recibieron condenas menores. El juicio pendiente contra los otros acusados requiere su extradición, negada por el Gobierno estadounidense en el caso de Sánchez de Lozada.
A la espera de que el expresidente y los suyos respondan en el juicio de responsabilidades, nueve familiares de las víctimas, con el apoyo activista de varios abogados de Estados Unidos, iniciaron un proceso civil contra Goni y su hombre fuerte. Así, tras semanas de alegatos en la corte de Fort Lauderdale (Florida), y luego de 45 horas de deliberaciones del jurado, los Sánchez fueron declarados responsables de la muerte extrajudicial de ocho bolivianos. Deben pagar por ello 10 millones de dólares.
¿Qué significa este juicio, cuya sentencia final a cargo del juez se conocerá el 4 de mayo? La primera implicación, como bien señalan los familiares de las víctimas, es que “se hizo justicia”. Este hecho fue celebrado de manera casi unánime en el país. Pero hay otra implicación relevante: más allá del proceso civil con leyes estadounidenses, Sánchez de Lozada y sus exministros deben responder por sus actos ante la Justicia en Bolivia. El juicio ganado puede ayudar a que culmine el proceso judicial pendiente en el país.
Lo que sigue en torno a la masacre de Octubre es claro. Una vez que se confirme el veredicto de responsabilidad contra las exautoridades, incluido el pago establecido por compensación, el Estado boliviano debe activar todos los recursos a su alcance hasta lograr la extradición de Sánchez de Lozada y los otros fugados para que rindan cuentas en el país. No con afán de venganza, sino como anhelo de justicia en uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Con impunidad no hay democracia.
