Las negociaciones anuales del Gobierno con la Central Obrera Boliviana (COB) ocurrirán esta vez en un contexto diferente al que ha prevalecido en los años anteriores. Hay varias circunstancias para ello. En primer lugar, es por demás evidente que el ritmo de crecimiento económico general viene disminuyendo, lo cual implica un riesgo para el financiamiento de las políticas redistributivas, pero asimismo para la situación de los estratos medios que han aprovechado la coyuntura pasada para aumentar sus ingresos y patrimonios, y también para las propias expectativas de la inversión privada del empresariado formal.
En segundo lugar, en las nuevas condiciones institucionales resulta impensable que se pueda emprender de verdad la reconversión productiva profunda orientada a superar el extractivismo frívolo imperante, así como el carácter primario-exportador de nuestra inserción internacional, lo que impulsaría aumentos sostenidos de la productividad real. Tercero, aunque tales aspectos ya estaban presentes desde hace varios años, el factor que ahora los hace más críticos es ciertamente el inocultable déficit fiscal, cuya dimensión es considerablemente mayor de lo que se admite oficialmente.
Se suma a todo esto un contexto internacional incierto en el que se combinan diversas tendencias en los ámbitos del comercio internacional, los movimientos financieros y las disputas geopolíticas, que expresan a su vez la compleja transición del orden internacional hegemónico a una fragmentación regional desordenada de las relaciones internacionales. Dicha perspectiva es desfavorable para los intereses económicos y comerciales de los países sudamericanos, y obviamente también para nosotros, puesto que una guerra comercial y cambiaria no se quedaría confinada únicamente entre los países industrializados.
En lo que hace a las condiciones institucionales internas, debe tomarse en cuenta el debilitamiento real del MAS en su capacidad de articular las posiciones de los diferentes sectores sociales a los que en algún momento representó. Esto podría atribuirse en cierta medida al agotamiento del estilo particular de gobernar de Evo Morales, pero también a los legítimos reclamos de diversos grupos ciudadanos de que se respeten los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.
La división de las organizaciones sociales es evidente y afecta en particular a la COB, que ya nada tiene que ver con la legitimidad que tuvo en el pasado a la hora de representar con una sola voz a los diferentes sectores laborales del país. La afirmación del debilitamiento institucional no sería completa sin mencionar la enorme dispersión de los empleadores públicos y privados en sus diversas formas de existencia y de financiamiento de sus compromisos salariales con sus empleados.
El planteamiento de que se adopte un esquema tripartito permanente de negociaciones salariales carece en esta coyuntura de realismo en vista de las mencionadas debilidades intrínsecas de los tres actores formales participantes (Estado, empleadores y trabajadores). A pesar de ello, resulta imprescindible que el país disponga de una hoja de ruta para sortear efectivamente las dificultades económicas más apremiantes de la coyuntura inmediata. Caso contrario, la inercia de las cosas nos llevará por un camino cuya próxima parada se llama crisis.
Es todavía posible evitar dicho desenlace mediante un conjunto de diálogos y acuerdos sectoriales, siempre que el Gobierno admita una auténtica convocatoria plural e independiente en igualdad de condiciones con las representaciones de los otros sectores no oficialistas. Sin muchas formalidades, pero con gran transparencia desde la convocatoria, la ejecución y la rendición de cuentas, algunas universidades públicas podrían organizar un foro económico de orientación y concertación nacionales.
*es economista.
