Con la entrega, el sábado, del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, ha terminado una tensa semana para la sociedad del país vecino motivada por la decisión del juez Sergio Moro de darle hasta el viernes a las 16.00 (hora local) para presentarse voluntariamente e iniciar su condena de 12 años y un mes de prisión por corrupción en una cárcel de Curitiba.
Pero el caso es mucho más grande e importante que únicamente un expresidente siendo condenado por la Justicia de su país por cargos de corrupción. Lula es, probablemente, el presidente más popular de la historia de Brasil, pues durante su mandato, entre 2003 y 2010, consolidó la economía brasileña hasta situarla entre las ocho más grandes del mundo, sacó de la pobreza a millones de personas, y situó a la diplomacia de su país entre las más influyentes del orbe.
Pero también en esos años se sucedieron escándalos por denuncias de corrupción, que finalmente se convirtieron en base para el proceso conocido como Lava jato (Lavado de autos), en el que el juez Moro y sus colegas han sentenciado a casi 200 personas pertenecientes a los sectores público y privado que se sitúan en prácticamente todo el arco ideológico brasileño.
A menos que logre revertir la sentencia que ya ha comenzado a ejecutarse, cosa poco probable a juzgar por los dos recursos de último minuto presentados para evitar su detención y que fueron rechazados por sendos tribunales, Lula Da Silva no podrá candidatear para las elecciones de octubre próximo; idea con la que parece haberse resignado, ya que horas antes de entregarse a la Policía, tras dos días de resistir el arresto en la sede del sindicato de los metalúrgicos, dijo a sus seguidores que “tendrán que transformarse”, porque “la muerte de un combatiente no acaba con la revolución”.
Con Lula fuera del camino, es poco claro si el Partido de los Trabajadores (PT) conservará la muy elevada intención de voto que tenía con el expresidente al frente; pero sí es evidente que mejoran las perspectivas de sus dos principales contendientes: el delfín del actual mandatario y un expolicía con ideas de extrema derecha. También es evidente que la sociedad brasileña ha quedado aún más polarizada y dividida, y el Poder Judicial severamente cuestionado, pues si bien es mayoritario el apoyo a la lucha contra la corrupción, no lo es con el caso particular de Lula, de quien se dice que fue sentenciado sin haber pruebas suficientes de su culpabilidad.
Para el resto del continente la ejecución de la sentencia también es una pésima noticia, puesto que un símbolo de la izquierda progresista resulta severamente dañado, y parece confirmar una tendencia de retroceso, como el ocurrido en Argentina, Ecuador y el propio Brasil tras la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff. En los próximos meses habrá mayor claridad sobre lo que el futuro le depara a la región.
