Como fue advertido y podía preverse, las primeras iniciativas ciudadanas para la revocatoria de mandato de autoridades electas quedaron sin efecto por el no cumplimiento de requisitos, en especial el porcentaje de adherentes. A ello se añaden varios casos de agresión contra los promotores, lo que muestra una preocupante tensión en torno al mecanismo. La revocatoria en su mala hora.
Hemos señalado en este espacio que la revocatoria tuvo un inusitado ímpetu en el actual periodo constitucional. No es para menos. Y es que, en las condiciones y plazos establecidos, se presentaron 246 iniciativas, de las cuales 168 fueron habilitadas por el Órgano Electoral. Pero una cosa es el deseo de revocar a una autoridad o representante, y otra es superar las trabas para lograrlo. El muy elevado porcentaje de firmas para activar una revocatoria impide la realización de este derecho ciudadano.
¿Cuál es el balance preliminar hasta ahora? El primer dato es que las iniciativas contra alcaldes de ciudades como Sucre, Cobija, Oruro y Yacuiba, entre otras, no lograron la adhesión del 30% del Padrón Electoral del municipio o tuvieron problemas en la presentación de libros; y fueron archivadas. Lo más probable es que ocurra lo mismo con las otras iniciativas en curso, en especial en ciudades capitales y departamentos. No parece viable, en solo 90 días, obtener tantas firmas ciudadanas.
El otro dato de balance tiene que ver con la inquietante ocurrencia de amenazas e incluso acciones de hecho, al menos una decena, contra promotores de revocatorias. Nos referimos a la quema de libros de adhesiones, anuncio de persecución y cárcel, chicotazos, puesta de pollera, insultos públicos, alerta de juicios, campañas de prohibición de firma de libros, en fin, amedrentamiento y descalificación de ciudadanos y colectivos. Sin bien no son la norma, estos hechos no pueden menospreciarse.
Además de expresar una tensión entre autoridades y promotores, o entre diferentes sectores, dichas acciones limitan el ejercicio de un derecho político reconocido en la Constitución. Y si bien el Tribunal Supremo Electoral manifestó su condena contra estos hechos, calificándolos de antidemocráticos, está en cuestión cómo se puede garantizar que los ciudadanos opten libremente, sin ser agredidos, por iniciativas de revocatoria de mandato. Más allá de los casos, hay aquí un déficit de cultura democrática.
¿Qué puede esperarse sobre el actual proceso de revocatoria en el país? Dados los antecedentes (en el anterior periodo constitucional no prosperó ninguna iniciativa), quizás estamos ante la evidencia de un nuevo derecho suspendido en su ejercicio. Así, lo que en principio fue concebido como un mecanismo democrático para superar situaciones de ingobernabilidad y de crisis de legitimidad, se está confirmando como una imposibilidad. Es necesario abrir el debate y alentar una necesaria reforma normativa.
