La detención de Luiz Inácio Lula da Silva, privado del derecho a defenderse en libertad en una sentencia en la que aún hay un recurso judicial sin resolución, es la confirmación del uso abusivo de la judicatura que hace la plutocracia brasileña para dejar en el camino al candidato de izquierda con más del 40% de intención de voto en las encuestas para las próximas elecciones presidenciales.
De las siete denuncias, ninguna cuenta con pruebas documentales o periciales como para una sentencia tan injusta. La acusación más grave, que asegura que se benefició de un departamento en Sao Paulo al frente de la playa, solo es respaldada por el testimonio de un empresario delincuente que ha visto reducida su condena a cambio de inculpar al expresidente Lula. Leídos con detalle los argumentos del juez Moro para la sentencia, salta a la vista que se sustenta en puras presunciones, como por ejemplo que los “vecinos comentaban que ese era el departamento de Lula”. El inmueble nunca estuvo a su nombre ni de ningún familiar, y estaba ubicado en un conjunto de residencias que un empresario quebrado no pudo concluir, por lo que la esposa del exmandatario pidió que le devuelvan el dinero que había adelantado como pago por aquel departamento. Por increíble que parezca, la nota fue presentada como prueba de cargo en el juicio. Había que condenar de todas formas.
El legislador que promovió la destitución de Dilma Rousseff fue condenado a 15 años de cárcel, con prueba documental abundante, y ahora se sabe que promovió el golpe para intentar una impunidad que la expresidenta no le garantizaba. El caso armado contra Lula es parte de la misma estrategia, que busca impunidad y que intenta a la vez criminalizar a la izquierda con supuestos actos de corrupción, como una forma de inviabilizar su retorno. Lo que ocurre en Argentina con la expresidenta Cristina Kirchner es otro ejemplo de la combinación de la mafia mediática y una judicatura atenta a seguir los designios de los grandes poderes.
Voceros de la oposición boliviana, tan acostumbrados a denunciar la supuesta “persecución judicial” contra líderes opositores involucrados en delitos de corrupción en Bolivia, no solo no cuestionan estos verdaderos casos de persecución política, sino se regocijan con ellos. Es bien claro que esta oposición no es democrática, ni quiere jueces imparciales, ni pretende defender derechos humanos de nadie. Simplemente quieren volver a sus privilegios, o mantenerlos, como en el caso de Brasil y Argentina. Y para ello todo vale, incluso destituir presidentes vía Congreso o perseguir a través de la Justicia a aquellos que son la esperanza de sus países de volver al camino de la Patria Grande.
