Cada vez que una persona agrede a otra, de palabra, con golpes o de alguna otra forma, y ésta acepta la agresión como normal, o peor, como merecida, se está produciendo un acto de violencia simbólica. Duele el doble, porque además del daño inmediato se produce uno peor, permanente, ya que este fenómeno se normaliza. Es el caso de la violencia hacia niños y niñas.
En efecto, en Bolivia gran parte de la población considera normal y hasta deseable el uso de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes; muchas otras la consideran aceptable o, por lo menos, un asunto privado en el que es mejor no meterse. El resultado es una sociedad anclada en la ya superada idea de que la letra, o la disciplina, entra con sangre.
En sus peores extremos, la permisividad social hacia la violencia contra menores de edad causa numerosos casos de violencia sexual y hasta asesinatos. Ayuda a dimensionar el tamaño del peligro el saber que desde inicios de año hasta mediados de abril se denunciaron en el país 22 infanticidios y 251 violaciones, en promedio un asesinato cada cinco días y dos violaciones cada día; solo en La Paz se registraron cinco muertes y 40 violaciones en ese periodo.
En busca de respuestas a un problema que debe ser combatido activamente por toda la sociedad, La Razón discutió el tema con la Directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de La Paz y el Oficial de Abogacía y Comunicación de la ONG Child Fund Bolivia en su programa televisivo Piedra, papel y tinta. Ambos invitados coincidieron en el carácter estructural del origen de la violencia contra las y los menores de edad, y en la necesidad de trabajar el cambio social desde la educación.
Para la Directora de la DNA, el problema se origina en el incremento de las familias en las que está ausente el padre o la madre, la utilización de niños o niñas en conflictos de adultos, la falta de atención y tiempo para atender a las y los menores, la maternidad y paternidad precoces, entre muchas otras causas. A su vez, el representante de Child Fund Bolivia señaló que al parecer “los adultos siguen viendo a los niños como algo incompleto, pequeño, que tiene que educarse a golpes”, agregando que se necesita una comunidad corresponsable con el bienestar de niños y niñas; “mientras no nos involucremos, estamos siendo cómplices”, concluyó.
Urge, pues, trabajar en la lucha contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes desde nuevos marcos, que involucren a toda la sociedad en el reconocimiento de que las y los menores de edad tienen derechos como todas las demás personas, incluyendo el de ser debidamente cuidados, por lo que cualquier forma de abuso debe ser enfáticamente rechazada. No hacer lo necesario para detener la violencia ahora significa condenar a las nuevas generaciones a seguir repitiendo el ciclo de la violencia simbólica.
