El conflicto entre Chuquisaca y Santa Cruz por la “propiedad” del campo gasífero de Incahuasi, fuente de cuantiosos recursos, no llega a una solución menos por la dificultad inherente del trámite de delimitación formal de límites entre ambos departamentos que por los intereses políticos que se han puesto en juego y, sobre todo, por las malas prácticas asociadas a esos intereses.
No es la primera vez que la Gobernación de Chuquisaca impulsa un conflicto con algún departamento vecino en torno a la propiedad de recursos naturales. Hace relativamente poco tiempo ocurrió lo mismo con Tarija, región con la que se comparte otro importante pozo gasífero. Esta vez el problema comenzó cuando en 2016 la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realizó un estudio que determinó que el 100% de las reservas de gas del campo Incahuasi están en territorio cruceño.
La indignación en Chuquisaca provocó que en 2017 se iniciasen movilizaciones y otras formas de resistencia, incluyendo una acción de amparo constitucional que concluyó con un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional instruyendo congelar el pago de regalías a Santa Cruz mientras no se resuelva de manera definitiva el diferendo por límites y, de manera “posterior”, se efectuase un estudio que confirme o rechace lo anunciado por YPFB hace más de un año.
A inicios de 2018, el Ministerio de la Presidencia en atención a la solicitud del gobierno departamental de Chuquisaca emitió una resolución admitiendo la demanda chuquisaqueña de delimitación favorable a sus intereses. La reacción cruceña ante lo que se consideró un abuso determinó que semanas después el mismo Ministerio emita una nueva resolución dejando sin efecto la anterior y, previsiblemente, incrementando la incertidumbre.
Así, tanto en Santa Cruz como en Chuquisaca se activaron las protestas y las amenazas, dejando a la vista que los discursos de unidad nacional y de solidaridad entre regiones son buenos para ser usados en la campaña política, pero no para ser parte de la práctica cotidiana de la gestión pública. En los hechos, es evidente que Chuquisaca nunca se benefició de las regalías producidas por el campo Incahuasi, y que si ahora busca hacerlo es debido a la contracción de su presupuesto debido a la disminución de los ingresos del Estado.
A su vez, la Gobernación de Santa Cruz no se siente obligada a hacer propuestas que faciliten el compromiso, fundamentalmente porque el conflicto le ayuda a posicionarse en contra del Gobierno y emitir palabras amenazadoras que, probablemente, volverán a polarizar la opinión pública y a reavivar las más lamentables manifestaciones de regionalismo. Mientras tanto, el Ministerio de la Presidencia y su Viceministerio de Autonomías se muestran incapaces de encontrar soluciones aceptables para ambas partes y actúan de manera errática, poniendo en riesgo la gobernabilidad.
