Días atrás, el exministro de Economía y Finanzas Públicas Luis Alberto Arce Catacora dio una charla magistral sobre los avances del modelo económico social comunitario productivo vigente en Bolivia. Tal exposición fue presentada con toda la fanfarria y ribetes de rigor, citando al expositor como “el mejor ministro de economía del mundo”; calificación que antes que asombro despertó en mí la necesidad de hacer una reflexión que ahora comparto en este artículo.
En líneas generales, el nuevo modelo económico boliviano establece que los excedentes y rentas de la explotación de recursos naturales (hidrocarburos y minerales) pasen a redistribuirse desde el Estado hacia los sectores vulnerables (a través de programas sociales y bonos), y a los sectores generadores de ingresos y empleos. En otras palabras, este modelo plantea derivar recursos estatales para que se traduzcan en inversiones que potencien la industria nacional, de cara a abandonar el perfil extractivista y diversificar la producción del país hacia sectores no tradicionales que generen valor agregado.
Lamentablemente a 12 años de vigencia de esta nueva propuesta, los resultados no condicen con el discurso gubernamental, porque el mismo modelo cerró la inversión al sector generador de ingresos y empleos (empresa privada) y se enfocó en reinvertir en empresas estatales, con el claro objetivo de cooptar la industrialización de la economía nacional, hasta ahora inexistente y teñida de corrupción a todo nivel. Entonces, si este nuevo modelo económico teóricamente vigente no se aplica, cabe preguntarse, ¿qué modelo se está aplicando en Bolivia?
Pues bien, para responder a esta pregunta solamente es necesario analizar el discurso político manejado día a día por diferentes voceros del oficialismo. Primero, se critica abiertamente el capitalismo encarnado en el imperio estadounidense. Segundo, se habla de la dignidad y soberanía de los pueblos representados y defendidos a través del Estado. Y tercero, se reconoce al Estado como el principal y único actor en la economía nacional, minimizando el rol de la empresa privada.
El fondo del asunto radica en la asignación de los recursos, que según el sociólogo alemán Franz Oppenheimer tiene dos alternativas: por medios políticos y por medios económicos. Los medios políticos vienen dados por la coerción, el uso de la fuerza y la restricción de las libertades económicas del individuo. Mientras que los medios económicos plantean el ejercicio irrestricto de las libertades económicas a partir del mutuo acuerdo, producto de la negociación de precios y beneficios.
En Bolivia, el Estado asume un rol protagónico en la economía, a través de medios políticos en la asignación de recursos, lo que se evidencia en la restricción de las exportaciones del sector agroindustrial en el oriente boliviano, la presión tributaria hacia los sectores empresariales privados en todos sus niveles (pequeña, mediana y gran empresa), las cargas injustificadas para el empleador en beneficio de sus trabajadores como el doble aguinaldo, la determinación de un salario mínimo nacional cada año en vísperas del Día del Trabajador negociando solamente con la COB.
Los anteriores son tan solo algunos ejemplos que permiten comprender el verdadero modelo económico vigente en nuestro país. En definitiva, Bolivia se acerca más a un modelo coercitivo que de libertades económicas. De allí que, cuando se habla de un modelo de transformación económica, se debería abandonar el discurso político teórico y mirar la verdadera realidad del país.
