Días atrás falleció el dictador Luis García Meza Tejada, uno de los protagonistas del sangriento golpe de Estado perpetrado el 17 de julio de 1980. Al enterarme de su muerte, se me vino a la memoria varios recuerdos, como la violación a la autonomía universitaria, particularmente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Las instalaciones de esa casa superior de estudios fueron tomadas y rodeadas por tanquetas por un buen tiempo. Cuando se reanudaron las actividades académicas, nos tropezamos con gente de la dictadura que había asaltado las cátedras y, por ende, modificado la malla curricular de las carreras en ciencias sociales, según sus necesidades.
Una abogada tomó la dirección de la Carrera de Sociología, recuerdo a otro abogado, Jaime Bravo Burgoa, que comenzó a darnos clases de filosofía occidental. Luego, Bravo fue el abogado defensor de García Meza en el juicio de responsabilidades que le entablaron. Incluso profesores egresados de las normales comenzaron a dar clases de historia. Había docentes como Mario Rolón Anaya, quien impartía clases de economía política enfatizando el marxismo. Está claro que su interés no era enseñar la economía marxista, sino instruir para detectar a estudiantes que comulgaban con el marxismo para poder “ficharlos”. Ni qué decir de la masiva presencia de los “tiras”, agentes infiltrados que actuaban como estudiantes a fin de descubrir a posibles revoltosos, quienes posteriormente podían ser secuestrados en cualquier momento por los cuerpos de seguridad. Estas fueron algunas de las acciones ejercidas por la dictadura contra la academia.
Los compañeros y compañeras que podían permitírselo salieron a estudiar fuera del país. Pasados algunos años, algunos de ellos retornaron como si se tratase de exiliados. Quienes no podíamos costearnos los estudios en el extranjero, tuvimos que quedarnos y aguantar las arbitrariedades de los profesores fascistas o fachos como los conocíamos. Aunque siempre estaba latente la posibilidad de manifestarse en contra, pero cuando ello ocurría la universidad, inclusive las aulas, era gasificada inmediatamente.
El libro Juicio de la mentira, confesiones de un dictador (1986), de Orlando Encinas y Erik Torrico, es un testimonio jurídico sobre la dictadura militar de García Meza. Allí se relatan los delitos cometidos contra la Constitución Política del Estado; el asalto paramilitar a la sede de la Central Obrera Boliviana (COB); el asesinato del primer secretario del Partido Socialista Uno (PS-1), Marcelo Quiroga Santa Cruz; la matanza de ocho dirigentes del MIR en la calle Harrington; la explotación ilegal de piedras semipreciosas en los yacimientos de la Gaiba; el cobro indebido de un cheque por $us 278.085; la utilización arbitraria de los vidrios rayban destinados a la pisicina olímpica de Alto Obrajes, el negociado con equipos petroleros y maquinaria de Puerto Norte; entre otras irregularidades. Durante el juicio de responsabilidades en su contra, Luis García Meza repetía frases como “no conozco en absoluto”, “no entiendo la pregunta” “no, señor presidente”, “me abstengo”, “no recuerdo”, “no tenía conocimiento”. En otros momentos responsabilizaba de los crímenes que se le acusan a las Fuerzas Armadas, al Alto Mando Militar, etc.
Según su abogado, habría dejado dos cartas, una sobre la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz y otra dirigida a sus familiares. Tomando en cuenta sus antecedentes, llenos de mentiras y más mentiras, tratando de justificar lo injustificable, ¿cómo creer que en aquellas cartas diga la verdad?
Hoy que existe la Comisión de la Verdad, esta entidad tiene la gran responsabilidad de interrogar a los protagonistas de las dictaduras que aún siguen vivos, como Luis Arce Gómez y otros, cuyo testimonio podría contribuir a esclarecer varios hechos, sobre todo las desapariciones, como la del emblemático Marcelo Quiroga. Uka ñanqha achachi, García Meza kallatatawayxiwa. K’arikamakiwa sarnaqawipaxa.
