Dos reformas normativas aprobadas recientemente en la Cámara de Diputados pusieron en el centro de atención el ejercicio de derechos políticos de nuestros compatriotas en el exterior. La primera habilita el empadronamiento permanente, que hasta ahora estaba restringido a cortos periodos preelectorales. Mientras que la segunda abre la posibilidad del voto electrónico.
En relación al empadronamiento de las bolivianas y los bolivianos que residen en otros países, se regulan dos aspectos importantes. Por un lado, reafirmando el carácter voluntario del registro electoral en el exterior se establece que dicho proceso se realizará de manera continua en oficinas consulares y brigadas móviles. Por otro lado, se garantiza algo tan obvio como imprescindible: el empadronamiento es responsabilidad exclusiva de representantes designados por el Tribunal Supremo Electoral.
En nuestra historia democrática, recién en 2009, por mandato constitucional, nuestros compatriotas pudieron ejercer su derecho al voto. Lo hicieron también en los comicios de 2014 y en el referéndum constitucional de 2016. Del total de bolivianas que residen en el exterior, apenas 260.000 están actualmente registrados en 73 ciudades de 33 países. Se espera que con el empadronamiento permanente, que facilitará el registro, haya una mayor participación en futuras elecciones generales.
Respecto a la emisión del sufragio en el exterior, la reforma normativa en curso establece la posibilidad, no el mandato, de que el voto sea electrónico. La premisa para el efecto es que el Órgano Electoral garantice las condiciones de seguridad y transparencia. El carácter repentino de su planteamiento, sumado al escaso debate en el país sobre el tema, ha generado suspicacia en algunos voceros de la oposición que, sin datos ni fundamentos ni evidencia, se apresuraron en descalificar esta innovación.
Ciertamente la idea del voto electrónico para facilitar la participación de nuestros compatriotas en el exterior puede resultar interesante y necesaria, sobre todo considerando los elevados costos y las dificultades logísticas del tradicional voto en papeleta y urna. Pero es evidente que su implementación no puede ser unilateral ni menos inmediata debido a que requiere una sólida arquitectura técnica, y en especial porque implica reflexión colectiva, análisis comparado y construcción de confianza.
Pese a que no residen en el país, los bolivianos que por diversos motivos han emigrado al exterior mantienen sentires y vínculos con el territorio patrio y con los suyos. Su contribución a la economía familiar y nacional, a través del envío de remesas, es también importante. Y por supuesto su ausencia, más allá de la temporalidad, no implica perder derechos, uno de los cuales es el derecho al voto. Garantizarlo en las mejores condiciones es una ineludible señal de reconocimiento y respeto.
