El resultado del conflicto iniciado en 2016 por Chuquisaca, en demanda de beneficiarse de las regalías que desde ese año produce el campo gasífero Incahuasi, ha provocado frustración en la dirigencia cívica de esa región y, en consecuencia, una crisis mayor en el gobierno departamental y en la municipalidad de Sucre, cuya renuncia ha sido demandada en un cabildo reciente.
La buena noticia respecto a este asunto es que el paro iniciado hace 16 días fue suspendido, inteligente decisión considerando que los principales afectados por los bloqueos eran los propios habitantes de la ciudad capital del país. La mala es que el conflicto se tornó regional y apunta a dañar la gobernabilidad en el departamento; algunas autoridades gubernamentales se han animado incluso a hablar de un “proceso golpista”.
En el cabildo realizado el martes fue cuando se resolvió suspender las medidas, sin levantar el estado de emergencia en reclamo por las regalías del campo cuya ubicación geográfica ha sido declarada como cruceña en dos ocasiones, a pesar de que el nombre corresponde a un municipio chuquisaqueño. Lo que queda claro en este aspecto particular del conflicto es que la sociedad boliviana no ha superado su tendencia rentista, y el largo retraso en la industrialización de los recursos naturales no ayuda.
Eso no es lo único problemático en la nueva fase de este atolladero: tal parece que los movimientos “cívicos” han decidido romper la institucionalidad; de ahí que en su segunda resolución, de 10, los asistentes al señalado cabildo establecieron la creación de un “consejo departamental de hidrocarburos y límites”, que será fiscalizado por organizaciones sociales y cívicas del departamento. La tercera resolución exige una “verdadera nacionalización”, la recuperación de los recursos naturales y la expulsión de las transnacionales. La cuarta pide industrializar los hidrocarburos en territorio chuquisaqueño.
La quinta, probablemente la única que se desea ver cumplida, es la referida a la demanda de renuncia del Gobernador, del Alcalde de Sucre, del senador Milton Barón, de la diputada Alicia Canqui y del Rector de la Universidad San Francisco Xavier, todos ellos electos por voto. Correspondiente con esta aspiración es la resolución séptima, en la que se delega el nombramiento de estas autoridades a las organizaciones sociales. Desafortunadamente esta tendencia de otorgar preeminencia a ciertos sectores de la sociedad civil también se ha visto en la plaza Murillo en La Paz.
Es, pues, un momento delicado para el MAS, que puede no sentir los embates chuquisaqueños en la sede de gobierno, pero que de no hacer algo al respecto, se arriesga a permitir que otros departamentos inclinados a la conflictividad opositora se sumen al conjunto de protestas. No se trata solamente de resolver el tema de cómo se distribuyen los recursos financieros, se trata de disminuir el disenso y el enojo.
