Mientras algunas autoridades del Ejecutivo procuran atenuar, vía indultos principalmente, el insostenible hacinamiento carcelario, muchos jueces insisten en llenar las cárceles del país utilizando para ello la detención preventiva incluso en casos en los que no corresponde aplicar esta figura legal, poniendo en evidencia no solo su desconocimiento jurídico, sino también una evidente falta de empatía a la hora de impartir justicia. Como dice el adagio, para muestra basta un botón: el fin de semana, el juez Hugo Huacani envió tras las rejas de manera preventiva a la religiosa que fue filmada golpeando a un anciano en el Asilo San Ramón, luego de forcejear con él para obligarlo a tomar un medicamento. Sin procurar defender esta reprochable agresión, no cabe duda de que este encarcelamiento constituye una distorsión judicial.
Y es que, como bien saben los jueces y fiscales (o al menos deberían), la detención preventiva debe ser utilizada únicamente en casos extremos, cuando el delito que está siendo juzgado amerita penas de cárcel y cuando existe peligro de fuga y/o el acusado puede entorpecer el proceso. Sin embargo, en el caso que suscita este comentario no se cumple ninguno de estos criterios. De allí que su empleo sea un exceso, que además de distorsionar el sentido de la justicia y contribuir al hacinamiento carcelario vulnera los derechos de la persona acusada, quien por muy violenta que sea debe ser tratada conforme manda la ley y no según el capricho de un juez que al parecer busca satisfacer la “sed de venganza” de la opinión pública antes que hacer su trabajo de manera proba.
