En mayo de 2017, el Tribunal Supremo Electoral inició públicamente la “construcción participativa y deliberativa” de una Ley de Organizaciones Políticas (LOP). Se dijo en aquel momento que la normativa todavía vigente es anacrónica. Y se realizaron diversos talleres de discusión en todo el país. Ha pasado un año y, pese a los reiterados anuncios, la nueva ley todavía no llega.
¿Por qué es necesaria una nueva legislación para las organizaciones políticas en el país? Para empezar, la norma hoy está totalmente desfasada respecto al actual régimen democrático establecido en la Constitución Política del Estado. Nos referimos a la Ley de Partidos Políticos, de 1999; y la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, de 2004. Pero sobre todo la LOP es necesaria para que las organizaciones políticas, vehículos fundamentales en democracia, se democraticen ellas mismas.
En el proyecto de ley impulsado por el Órgano Electoral se incluyen, a decir de sus autoridades, al menos tres innovaciones importantes. La primera tiene que ver justamente con las previsiones para impulsar la democracia interna en las organizaciones políticas en todas sus instancias de decisión, representación y elección, con plena garantía de paridad entre mujeres y hombres. Ello debe estar claramente expresado en los estatutos orgánicos. Y será objeto de supervisión para velar por su cumplimiento.
La segunda innovación se refiere al lugar que tienen las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en los procesos electorales. Si bien la Constitución las reconoce como organizaciones políticas, la nueva LOP regula su derecho colectivo a postular candidaturas en puestos de gobierno y de representación. Esto es fundamental como parte del ejercicio de los derechos políticos de las naciones y pueblos indígenas, incluida la representación directa en diferentes niveles.
La tercera innovación está relacionada con el siempre polémico tema del financiamiento público para las organizaciones políticas. Si bien el proyecto de ley no incluye ningún financiamiento directo, plantea en cambio un modelo mixto que combina financiamiento privado con restricciones y fortalecimiento público tanto en años electorales (con franjas gratuitas en medios de comunicación) como en años no electorales. Ello está vinculado a mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.
Ahora bien, asumida su necesidad y, más todavía, siendo evidente que la nueva normativa supera de lejos a las actuales leyes vigentes en la materia, ¿por qué todavía no se la aprueba? Corresponde al Tribunal Supremo Electoral, sin más demora, su entrega como proyecto; y a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde habitan los partidos, su impostergable tratamiento. La democracia boliviana requiere y merece organizaciones políticas fuertes y democráticas. La LOP puede contribuir en ese sentido.
