La existencia de un sistema de organizaciones políticas diverso e institucionalmente sólido es una de las condiciones para que la democracia funcione adecuadamente. Para ello necesariamente hay que contar con una normativa que promueva la pluralidad y que facilite la participación equitativa en los procesos electorales.
Para funcionar, en una democracia deben estar garantizados el derecho de todos los ciudadanos de elegir a sus autoridades y de ser elegidos, así como también la existencia de condiciones equitativas de participación en los procesos político-electorales. Es igualmente crucial que se promuevan valores cívicos y democráticos al interior de partidos y organizaciones políticas.
El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ha presentado un proyecto de ley de organizaciones políticas que apunta a modernizar las reglas para la creación, funcionamiento y regulación de ese tipo de agrupaciones. Esta es una iniciativa muy oportuna, considerando la necesidad de contar con un instrumento que contemple los principios constitucionales que han ampliado los derechos y mecanismos de participación política de los ciudadanos.
Seguramente este proyecto va a generar un debate interesante en el Órgano Legislativo y en la opinión pública. Pues hay aspectos que podrían generar algunas divergencias. Por ejemplo, en lo que se refiere a la participación de las organizaciones indígenas y campesinas, la simplificación de los requisitos para la creación de nuevas organizaciones políticas, mecanismos para supervisar su financiamiento o la promoción de la paridad de género y la democracia interna.
Uno de los aspectos más controversiales quizás sea la implementación de un novedoso esquema de financiamiento indirecto de las actividades políticas. El proyecto propone usar recursos públicos, administrados por el OEP y no por los partidos, para financiar con reglas de equidad parte de la publicidad en etapas electorales, y apoyar actividades multipartidarias de formación y fortalecimiento.
La opinión pública suele tener reparos cuando se plantea financiar con recursos públicos a los partidos. Hay razones subjetivas relacionadas con la desconfianza en estas instituciones; y otras objetivas, como la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos cuando eran administrados directamente por los partidos. Pero también hay que considerar que sin el apoyo económico estatal para que todos los contendientes puedan expresar sus puntos de vista y propuestas en los medios de comunicación impera la inequidad en las condiciones de participación política y electoral.
La democracia tiene costos que debemos estar dispuestos a asumir en función del bien común, obviamente acompañados de controles efectivos. La propuesta del OEP parece ser una vía razonable para lograr estos objetivos.
