El domingo Iván Duque Márquez fue elegido como el próximo presidente de Colombia. En primera vuelta, obtuvo el 39,14% de los votos (cerca de 7,6 millones), de los más de 19,6 millones de electores que asistieron a las urnas. En el balotaje obtuvo el 53,98% (cerca de 10,4 millones de votos), de un total de 19,5 millones. Además, fue elegido con la legitimidad de ganar en 24 de las 33 reparticiones territoriales del país, y por más de 12 puntos porcentuales (casi más 2,5 millones de votos) que su oponente, el exguerrillero Gustavo Petro, con afinidades con el socialismo del siglo XXI.
Con una fuerte presencia partidaria en el Congreso (primera fuerza en el Senado y segunda en Diputados), y con la primera mujer vicepresidente en Colombia (Marta Lucía Ramírez Blanco), Duque tendrá que mantener el desarrollo del país, potenciado desde los dos periodos de su mentor (Álvaro Uribe Vélez), y cumplir el deseo de la mayoría de colombianos que votó por el No en el plebiscito de 2016, debilitando los acuerdos de paz con las FARC pero sin eliminarlos. Su habilidad política será puesta a prueba, pues tendrá como oposición a muchas de las fuerzas de izquierda y a sectores vinculados con el actual Presidente.
Cerca de allí, Nicaragua duele, y mucho. Duele el pueblo que venció la dictadura de los Somoza en 1979 y que en 1990 le dijo adiós al neosandinismo de Daniel Ortega Saavedra y sus adláteres (que ya no era el sandinismo de Carlos Fonseca Amador y de José Santos López que unió a socialdemócratas, cristianos y socialistas por la libertad y la democracia), del que se distanciaron muchos excomandantes guerrilleros y aliados civiles (como el entonces vicepresidente Sergio Ramírez Mercado, este año Premio Cervantes de las Letras), y que en los meses antes del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro protagonizaron la vergonzosa “Piñata” (la apropiación personal de la mayor cantidad de bienes y propiedades en manos del Estado, traicionando los ideales de Augusto César Sandino).
En las elecciones de 2006 los nicaragüenses, tras los fracasos y corrupción de los gobiernos que siguieron a Doña Violeta, nuevamente eligieron a Ortega Saavedra, quien luego de aliarse con el empresariado y acercarse a la Iglesia Católica impulsó las bases de un nuevo régimen del socialismo del siglo XXI sin límite de tiempo ni oposición (a su “dictablanda” la denominó “revolución cristiana, socialista y solidaria”), cooptando todos los poderes del Estado e “interpretando” la Constitución para reelegirse indefinidamente.
Gracias a los petrodólares venezolanos, Ortega mantuvo la “paz social” coartando la poca oposición instituida. Pero lo que parecía controlado se desbordó el pasado 18 de abril, cuando, ya escasos los petrodólares, el Gobierno quiso afectar la seguridad social. Entonces grupos progubernamentales (las “turbas”) agredieron a un grupo de jubilados que protestaban. De ahí salieron a manifestar los estudiantes universitarios y a poco se les sumó gran parte de la sociedad civil. El diálogo mediado por la Iglesia Católica (que, como contra Somoza, con Leopoldo cardenal Brenes Solórzano y sus obispos defiende al pueblo que protesta) se reinició luego más de 160 muertos (entre ellos cuatro de una familia calcinada en su casa de Managua en venganza), 1.400 heridos por las “turbas” y la Policía (el Ejército se ha distanciado explícitamente de la represión) y el país está paralizado. Como un estudiante le dijo el primer día a Ortega Saavedra: “Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida. Ríndase ante todo este pueblo. (…) Estamos siendo perseguidos, somos estudiantes. Nosotros hemos puesto los muertos (…)”.
