El conflicto por el campo gasífero Incahuasi no solo fue favorable para la Gobernación de Santa Cruz, que logró demostrar que todo el reservorio de gas está en su territorio departamental; también le ha traído un renovado conflicto con algunos municipios, que reclaman su parte de la torta, con base en una ley autonómica que no se está cumpliendo.
Luego de varios meses con una parte de sus regalías congelada por orden judicial, mientras se resolvía una dudosa delimitación de la frontera entre Santa Cruz y Chuquisaca, la Gobernación cruceña volvió a disponer de esos recursos (que además se han incrementado por la mejora de los precios internacionales de los hidrocarburos), y casi inmediatamente, la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) reclamó al gobierno departamental el pago de su cuota, supuestamente adeudada desde hace cinco años.
Los municipios exigen que se dé cumplimiento de la Ley 13, de Distribución de Regalías, que ordena distribuir el 50% de los ingresos departamentales por regalías a provincias productoras de hidrocarburos, 40% a las no productoras y 10% a los pueblos indígenas. Sin embargo, el Secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, quien está teniendo gran protagonismo en este conflicto, afirma que no hay deudas pendientes.
Mientras tanto, el conflicto, iniciado el 20 de mayo, no tiene visos de solución, y para mañana la decena de municipios movilizados ha anunciado el inicio de una huelga de hambre y la organización de una marcha hacia Santa Cruz de la Sierra que debería culminar con la “toma pacífica” de oficinas públicas.
Al parecer, la pelea entre el gobierno departamental cruceño y los gobiernos locales tiene como motivación una pugna por la hegemonía política más que por acceder a los recursos financieros que produce el campo gasífero de Incahuasi. Tan es así que el Secretario de Gobierno de la Gobernación afirmó que hay intereses masistas detrás de la prolongada protesta, y otros alcaldes pertenecientes a la tienda política del Gobernador han afirmado no tener problema alguno de financiamiento, y por tanto no son parte de la movilización.
Es previsible, entonces, que si las movilizaciones anunciadas para los siguientes días adquieren fuerza suficiente se escuchen voces denunciando intentos de afectar la gobernabilidad en la Gobernación de Santa Cruz, o incluso denuncien intentos de “golpe” al Gobernador, y la tensión política seguirá polarizando a la sociedad cruceña, ya bastante dividida.
Asimismo, quedará una vez más demostrado que sigue existiendo una vocación rentista en gran parte de la población y, naturalmente, de sus líderes, dispuestos a hacer grandes sacrificios por incrementar su tajada de los recursos incluso a costa de sacrificar la más elemental solidaridad entre departamentos y municipios, provocando en el camino más discriminación y regionalismo.
