Tal parece que el conflicto iniciado hace ocho semanas por la Universidad Pública de El Alto (UPEA) en demanda de más recursos financieros para sostener su funcionamiento ha llegado a un punto de estancamiento, debido a que la solución propuesta por los movilizados, modificar la ley que establece el porcentaje de recursos por coparticipación que le corresponden, es inviable.
Semanas atrás, cuando el conflicto parecía estar en su punto más alto, el Gobierno accedió a destinar este año Bs 70 millones adicionales para equilibrar el presupuesto de la casa de estudios superiores alteña, mas la propuesta fue desestimada casi inmediatamente y contrarrestada con la idea de cambiar la Ley 195, que modifica dos párrafos de la Ley 031, de Autonomías y Descentralización. La idea propuesta es elevar la participación de la UPEA de 0,355% de los recursos de coparticipación tributaria (Bs 144 millones) a 2% (Bs 600 millones).
Aunque las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas se comprometieron a estudiar la posibilidad, más pronto que tarde anunciaron que no era posible semejante modificación, no solo porque afectaría la distribución de recursos de coparticipación, sino también porque la administración de la universidad alteña hasta ahora no ha sido capaz de transparentar sus cuentas y explicar la causa del déficit que ha provocado la crisis económica por la cual se moviliza su aguerrido estudiantado.
Con el objetivo de conocer la posición de las demás universidades públicas del país respecto de la propuesta alteña, pues de darse paso al cambio de la Ley 195 éstas verían mermados sus ingresos por coparticipación, La Razón entrevistó a los rectores de 10 casas de estudios superiores, quienes rechazaron de manera unánime la idea enarbolada por la UPEA.
Así, las máximas autoridades de las universidades Gabriel René Moreno, Mayor de San Simón, Mayor de San Andrés, Amazónica de Pando, Autónoma del Beni, Autónoma Juan Misael Saracho y Nacional de Siglo XX rechazaron la iniciativa por considerar que afectaría a todo el sistema universitario, que inspiraría idénticas demandas de otras instituciones y, finalmente, recomendaron a las autoridades de la UPEA pensar en el sistema universitario y, sobre todo, transparentar sus cuentas.
En las universidades Técnica de Oruro, Autónoma Tomás Frías y Mayor San Francisco Xavier prefirieron no emitir opinión, pero afirmaron que la UPEA por una parte debe someterse a auditorías y, por otra, que es un asunto que debe ser resuelto entre la universidad alteña y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Ciertamente no resulta fácil encontrar una salida al conflicto que ha creado la universidad de El Alto, y lo peor es que hace tiempo que las adhesiones políticas que había logrado cosechar están desapareciendo de a poco y hasta convirtiéndose en hastío, sobre todo de quienes ven afectadas sus actividades cotidianas por las marchas y actos de protesta. La UPEA debe revisar su posición y demandas.
