El sábado 7 de julio, 43.671 maestros y administrativos del sistema de educación pública de todo el país rindieron el examen anual de ascenso de categoría. Como suele suceder todos los años, las críticas de las y los examinados no se hicieron esperar. Esta vez estuvieron referidas a varias preguntas que, en criterio de la dirigencia del magisterio, eran “para abogados”.
En efecto, la prueba, de 100 preguntas, contenía al menos 20 que fueron observadas en la Confederación de Maestros Urbanos por ser “inadecuadas” para calificar la formación docente. El máximo dirigente del magisterio señaló que “el 80% de las preguntas estaba relacionado con detalles minuciosos de normas y solo el 20% con el currículo y la labor del docente”.
Otro dirigente del gremio sostuvo que las preguntas no correspondían con la bibliografía requerida, y que otras eran “copia fiel” del examen de 2017 para la postulación a directores distritales y departamentales y que no tenían relación con la enseñanza en aula. En su criterio, la finalidad era impedir a las y los maestros lograr su ascenso de categoría y, por consiguiente, un incremento salarial.
Al respecto, el Viceministro de Educación Regular señaló que la prueba contenía un tercio de preguntas sobre información general, un tercio sobre conocimientos específicos y un último tercio sobre el modelo educativo. Justificó además que las preguntas sobre aspectos específicos de las normas son parte del conocimiento que el maestro debe poseer para desarrollar su trabajo cotidiano. Añadió, finalmente, que creer que las y los maestros no podrían responder al examen los “desvaloriza”, y que detrás de las críticas hay “intencionalidad política”.
En efecto, las preguntas a las que tuvo acceso este diario, con excepción de una o dos, están referidas a aspectos legales propios de la profesión docente, desde aquellas que indagan sobre el conocimiento de trámites y reglamentos administrativos, hasta aquellas que tienen que ver con la legislación sobre racismo y discriminación. Además, hay que considerar que la prueba la dieron no únicamente profesores y profesoras, sino también personal administrativo, que no puede desconocer la normativa del sector, lo cual podría llevar a la pregunta de por qué no tienen pruebas diferenciadas.
Con todo, es evidente que una prueba escrita es, a la luz de los más recientes desarrollos pedagógicos, la manera menos efectiva de medir el conocimiento y la calidad de la práctica docente, pues un maestro podría responder muy bien al examen escrito, pero no ser bueno en el aula.
Tal vez sea tiempo de, en nombre de un verdadero esfuerzo por mejorar la calidad de la educación en el país, evaluar de manera diferente a las y los maestros, calificando por ejemplo sus planes de innovación, sus trabajos de investigación y su producción intelectual, entre muchos otros aspectos que son igual o más relevantes que los aspectos administrativos.
