Las inaceptables declaraciones de un Subcomandante de la Policía Nacional que, refiriéndose a las manifestaciones públicas de grupos articulados en torno al referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), advirtió con “tomar las medidas correctivas necesarias” (sic), derivaron como respuesta en la reafirmación de los derechos constitucionales de asociación y de expresión.
La cuestión es simple: ¿puede impedirse que los denominados colectivos ciudadanos, algunos de ellos vinculados con partidos políticos de oposición, se presenten y expresen en actos oficiales y públicos? Y la respuesta es inequívoca: por supuesto que no. Las personas y grupos tienen derecho a manifestarse libremente, con sus consignas, sus símbolos, en cualquier espacio. El supuesto, ineludible, y en ello también debe haber claridad, es que dichas acciones sean pacíficas y no busquen generar violencia.
En los últimos meses, con intensidad creciente, activistas que convergen en torno al 21F tuvieron presencia en diferentes escenarios agitando banderas con arreglo al resultado del referéndum. Se oponen a la posibilidad de que el presidente Morales sea nuevamente candidato en las próximas elecciones generales. Su presencia y gritos, con reflectores tanto en medios como en redes sociales, ha provocado la irritación de algunas autoridades de gobierno y de dirigentes de organizaciones sociales oficialistas.
Ahora bien, según un veloz comunicado aclaratorio de la Policía, están garantizadas en el país todas las manifestaciones públicas y el ejercicio pleno de derechos. “De ninguna manera habrá ningún tipo de represalias”, aseguró el Ministro de Gobierno refiriéndose a las manifestaciones marca 21F. Pero dirigentes sociales vinculados con el partido de gobierno han advertido que no permitirán provocaciones en futuros actos oficiales. Así, ¿debiera preocuparnos la posibilidad de enfrentamiento entre ciudadanos?
Guerra avisada… ¿Qué puede esperarse en los eventos de celebración del 6 de agosto en la ciudad de Potosí? Voceros de colectivos ciudadanos y de partidos de oposición han anunciado la presencia de centenares de personas que rechazan la candidatura de Evo. Voceros de organizaciones sociales y del MAS-IPSP también han asegurado la presencia de centenares de defensores de la reelección del Presidente. Es deseable que, más allá del previsible ruido, todos sumen en el festejo patrio.
A reserva de futuras disputas políticas entre oficialismo y oposiciones sobre el resultado vinculante del referéndum del 21F, que rechazó por mayoría la reforma del artículo 168 de la Constitución, versus la vigente Sentencia Constitucional 0084/2017, que habilita la repostulación indefinida, está claro que, en adelante, los actos oficiales, en especial en ciudades, serán escenario de pugna entre los que dicen “Sí” y los que dicen “No”. Será así hasta que, en octubre de 2019, se pronuncien las urnas.
