Como consecuencia del fallecimiento de un estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) durante una marcha de protesta, el XIII Congreso de Universidades fue suspendido, responsabilizando a los miembros del presídium de reinstalarlo en un mes, y coordinar en ese periodo las tareas operativas del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).
Incumpliendo este mandato, aún no se ha reinstalado el congreso, y ante la opinión pública parece que a cargo del CEUB se encuentra un estudiante que emite discrecionalmente opiniones en nombre de las universidades del sistema. La persistencia del conflicto de la UPEA y la incapacidad para resolverlo, fenómenos que desnudan la crisis de la universidad pública, deberían impulsar la inmediata reapertura del congreso, a fin de iniciar de una vez la reestructuración profunda y radical del sistema de la universidad boliviana. Con un sistema universitario que se puso al margen del conflicto es posible asegurar que el Gobierno transará alguna solución coyuntural con la UPEA sin tocar estructuralmente el problema.
Lo que ocurre con la UPEA es parte de la descomposición del sistema universitario, ocasionada por la negligencia de sucesivos gobiernos y dirigencias del sistema universitario. La universidad alteña nació prematura, a la fuerza y con diversas anomalías que le impidieron sobrevivir decorosamente. Esa historia y los traspiés sufridos le impedirán reconducirse como merece, si no renace junto con todo el sistema universitario.
Antes de la suspensión del congreso, la delegación de la UMSA tuvo un protagonismo trascendental con su posición institucional, que desbarató la intensión de conformar dos planchas prenegociadas, una de las cuales pretendía apropiarse del Comité Ejecutivo para beneficiar a grupos funestos, y la otra, dar continuidad a una relación sin dignidad con el Gobierno. Se rechazó con censura el informe del Secretario Ejecutivo, y ni siquiera se aceptó escuchar los informes de las diferentes secretarías por haber desvirtuado, con sus acciones, la esencia del CEUB, convirtiéndolo mañosamente en una especie se súper poder universitario, autoasignándose supremacía sobre todas las universidades del sistema.
Se planteó racionalizar gastos, reduciendo las secretarías a las estrictamente necesarias para cumplir eficientemente las tareas de coordinación. También se propuso que la elección de los secretarios sea por méritos y a propuesta de sus universidades, y no a partir de “negociaciones” personales y partidarias, como se acostumbraba. La posición de la UMSA y de otras delegaciones hizo cambiar la conciencia de los congresistas hacia una nueva perspectiva congresal contraria a las intenciones de cooptarla nuevamente para favorecer propósitos contrapuestos a la universidad.
La universidad pública no debe continuar enmarañada en conflictos internos irresueltos, ni mantener un posgrado descontrolado, carreras tradicionales masificadas que no responden a las nuevas demandas y forman profesionales que engrosan ejércitos de desempleados. Basta de planes estratégicos, modelos académicos confusos y descontextualizados y reglamentos que no se cumplen.
A la autonomía universitaria hay que vigorizarla. Y en el marco del espíritu del Manifiesto de Córdova, que cumplió 100 años, debe replantearse el cogobierno hacia un modelo de responsabilidad paritaria compartida que asegure la calidad y no un escenario de componendas para la mediocridad.
El XIII Congreso de Universidades debe impulsar los procesos transformadores que requiere la refundación del sistema y restituir la esencia del CEUB en su función eficientemente coordinadora. Esta es la oportunidad para acabar con una universidad pública anquilosada, desestructurada, perniciosamente rutinaria, que no responde a las necesidades de su pueblo y que mantiene una relación ineficiente y poco digna con el Estado. Si no lo hacemos docentes, estudiantes y administrativos, la inercia en manos de oportunistas y aprovechadores nos llevará a una mayor debacle, que acabará favoreciendo a la universidad privada.
