El jueves pasado se cumplió el día límite impuesto por un juez federal de Estados Unidos para la reunificación de todas las familias separadas en la frontera. Sin embargo, la crisis continúa, debido a que de los 2.500 menores separados solo 1.800 han logrado la reunificación. Esto significa que al menos 700 menores no han sido devueltos a sus padres porque éstos no cumplen con los requisitos para una entrega (por ejemplo, pruebas de ADN que prueben sus vínculos parentales), o porque directamente sus familias no pudieron ser contactadas, luego de haber sido deportadas separadas de sus hijos.
Esta crisis se desata en abril de este año cuando el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, anunció la política de “tolerancia cero” de la Casa Blanca contra la inmigración ilegal. La idea surgió de la mente del general John Kelly, jefe de Gabinete de Trump, e implica que la Justicia considere a los adultos que intentan penetrar en territorio estadounidense como delincuentes que deben ser juzgados. Esto significa que pierden automáticamente la custodia de sus hijos. Antes de esta decisión, cruzar la frontera se consideraba una infracción administrativa, y por ello no se procedía con la rigurosidad actual.
Esta medida ha puesto en contra de la Administración Trump prácticamente a toda la opinión pública de Estados Unidos, con voces de indignación de las iglesias, defensores de derechos humanos, políticos de ambos partidos y hasta de la mismísima primera dama. Expresando ese sentimiento generalizado, el popular periódico neoyorquino Daily News publicó en una de sus portadas la foto de una niña de dos años que lloraba desconsoladamente mientras su madre era detenida. Acompañaba la imagen el titular: “Cruel. Desalmado. Cobarde. Trump”.
Esto no ha conmovido al Presidente de Estados Unidos, quien, como hace siempre, se mueve discursivamente entre ambas posiciones. Primero declaró que no iba “a ignorar la ley”, pero luego manifestó que “detesta” ver niños separados de sus padres. En junio pasado, presionado por las protestas, Trump firmó una orden ejecutiva para frenar las separaciones.
Los analistas sostienen que la criticada medida fue pensada para forzar a la oposición demócrata a suscribir con los republicanos una nueva legislación en materia migratoria que incluya la financiación del vergonzoso muro con México. Para otros, solo fue un globo de ensayo de Donald Trump para ver hasta dónde puede avanzar en su política radical contra la inmigración, incluso violando los derechos humanos. Esta medida, a pesar de las voces de protesta, no parece molestar a toda su base votante; una encuesta de opinión nacional mostró que casi uno de cada tres adultos estadounidenses apoya la política.
Este contexto nos vuelve a la constatación de que el problema no es Trump y sus ideas, sino su base votante. El racismo y la xenofobia estadounidense no se extinguirían sin Trump, de la misma manera que no nacieron con él. Si sus ideas lograron ganar las elecciones es porque encontraron resonancia en una parte del pueblo estadounidense que, siendo de esencia migrante, cree que el mejor camino del desarrollo de un país es la uniformidad racial.
El triunfo de Trump expresa que los valores de la tolerancia, la diversidad como una ventaja y la integración social, que consideramos pilares básicos de nuestra convivencia social contemporánea, pueden ser puestos en crisis y en cuestionamiento en nuevos tiempos de nacionalismos conservadores. La crisis de los niños separados de sus padres en EEUU es solo la punta del enorme glaciar que implica el problema de la crisis humanitaria provocada por la inmigración.
