El lunes se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas, fecha instaurada en 2013 por las Naciones Unidas para contribuir en la lucha contra este macabro negocio, que lucra con la vida y la dignidad de los seres humanos en casi todas las regiones del mundo. La fecha fue propicia para dar a conocer algunas cifras e información valiosa al respecto.
Por ejemplo, la OIT dio a conocer que cada año al menos 21 millones de personas son víctimas de trata para trabajos forzosos y/o para fines de explotación sexual. En cuanto a Bolivia, se sabe que es un país de origen, tránsito y destino de este ilícito; y que las víctimas son sobre todo niñas, niños y adolescentes de ambos sexos, ya que el 73% de los 2.120 casos abiertos por la Fiscalía desde la promulgación de la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas (Ley 263), en julio de 2012, hasta el primer semestre de 2016 corresponde a ese rango de edad.
Como es de suponer, el amor al dinero es el principal motor de este flagelo que genera cerca de $us 35.000 millones al año, según datos de la ONU, solo por detrás de las ganancias generadas por el tráfico de armas y las drogas. Además de secuestros y raptos violentos, la promesa de un trabajo bien remunerado y un techo seguro en el extranjero o en otra ciudad del propio país suele ser la principal carnada que utilizan las redes criminales para captar a sus víctimas. Pero cuando aquellos que ingenuamente han creído estas promesas llegan a su lugar de destino, los sueños de un futuro mejor se tornan en pesadillas.
Las mujeres y adolescentes suelen ser obligadas a trabajar como prostitutas, empleadas domésticas, a mendigar en las calles u otros oficios no remunerados, siete días a la semana y hasta 14 horas por jornada. Y lo propio ocurre con los varones, pero sobre todo en trabajos relacionados con la agricultura y la industria. Además, suelen vivir hacinados en habitaciones minúsculas e insalubres, sin ventilación ni luz suficiente, alimentándose precariamente. A todo ello se suman agresiones físicas y psicológicas de diferente intensidad, aplicadas recurrentemente como una estrategia para doblegar la voluntad de las víctimas y evitar que escapen.
La corrupción y la falta de instituciones especializadas permiten la prosperidad de esta terrible “industria”, capaz de comprar consciencias y favores en todos los niveles. Por caso, pese al gran número de denuncias registradas en el país desde 2012, solamente siete procesos por trata y tráfico de personas culminaron con una sentencia desde la promulgación de la Ley 263, según estimaciones de organizaciones de defensa de los derechos humanos. Cifra que, sin embargo, el Ministerio Público eleva hasta las 44 sentencias entre 2016 y 2017. Lo que revela otra de las deficiencias que urge subsanar: la ausencia de datos e información confiables para guiar los esfuerzos estatales y civiles de prevención y de lucha contra este mal.
