Entre 2005 y 2015, la base de aportantes al sistema de pensiones creció en Bolivia en 57%. Sin embargo, ese crecimiento es insuficiente para garantizar jubilaciones mínimamente dignas, pues la cantidad de personas trabajadoras que aportan al sistema representa apenas el 17,5% de la población económicamente activa (PEA); el resto no tiene esperanzas de acceder a una jubilación.
El dato proviene de un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que da cuenta de que el porcentaje de aportantes en Bolivia es muy inferior al promedio de América Latina, estimado en el 44,6% de la PEA; y muy lejos de países como Uruguay, Costa Rica y Chile, donde los aportantes representan el 75,6%, 68,1% y 67,8% de su población empleada, respectivamente.
Para el Vicepresidente del Directorio del Banco Central de Bolivia, la cifra divulgada por la OIT tiene que ver con la escasez de empleos estables en el país y el mundo, lo cual conduce a la necesidad de pensar en políticas orientadas al sector “popular, mal llamado informal”, que es el que crea mayor cantidad de empleo. En su criterio, un camino pasa por las políticas públicas de seguridad social y salud.
A su vez, la Ministra de Planificación del Desarrollo señaló en una entrevista con este diario la complejidad de definir la “informalidad” a través de un solo parámetro cuando “tiene muchas aristas, porque, en algunos casos, califican como informal a aquel empleo que no paga impuestos o no tienen seguro, o no tiene relación obrero patronal”. Aun así, el problema es menos cómo se denomina a ese sector de la PEA y más cómo asegurar que el trabajo informal aporte a alguna forma de seguro de largo plazo.
Agrega la autoridad que parte del esfuerzo está puesta en asegurar que los empleos incluyan el pago de todos los beneficios sociales, entre ellos los aportes necesarios para gozar de renta luego de la jubilación. La ministra califica tal tarea de “titánica” y reconoce que “no podemos decir que lo hemos logrado al 100 por ciento”, aunque la cantidad de personas que reciben una renta de vejez se ha incrementado en al menos 7% por año.
Con todo, el mismo informe de la OIT resalta el hecho de que el 61% de la población boliviana recibe alguna forma de transferencia condicionada (habitualmente en forma de bono), aunque también reconoce que las prestaciones “son bastante modestas, con una inversión del 0,2% del PIB”.
Se trata, pues, de un problema cuya solución nunca ha sido fácil, sobre todo porque la institucionalidad fue dañada por la corrupción antes de que se privatizara la administración de los fondos de ahorro. Hoy hace falta reconstruir esa institucionalidad si se pretende que el Estado asuma ese deber para con su población, pero además sea capaz de asegurar que cada vez más personas económicamente activas aporten regularmente; pues, de otro modo, no hay modelo que pueda tener futuro.
