Mientras diferentes reparticiones estatales adoptan acciones en procura de reducir el hacinamiento carcelario que impera en el país, situación que obliga a cientos de reos a vivir en condiciones infrahumanas, aún existen autoridades que insisten, en colusión con algunos jueces y fiscales, en llenar los penales, utilizando para tal efecto, de manera injustificada, la detención preventiva. Para muestra, basta un botón.
El domingo, el funcionario de la Unidad de Investigaciones Financieras que dio a conocer el saldo de las cuentas del Presidente y del Vicepresidente fue detenido de manera preventiva. ¿Cuál fue su “delito”? Indicar de manera errónea que el Primer Mandatario tenía en el sistema financiero Bs 406.391, cuando en realidad sus ahorros sumaban Bs 732.076. Según se supo después, la diferencia se debió a que en sus cálculos consideró una de las cuentas que estaba en dólares como si estuviese en bolivianos.
Para mala fortuna del funcionario, no solo su jefa, la exministra Teresa Morales, entendió esta diferencia como un delito, sino también el Ministerio Público, que pidió su detención preventiva. Solicitud que fue aprobada por un juez, a pesar de que, según manda la norma y el sentido común, esta figura legal debería ser utilizada únicamente en casos extremos, cuando existe peligro de fuga y/o el acusado puede entorpecer el proceso. Sin embargo, en el caso que suscita este comentario no se cumple ninguno de estos criterios. De allí que su empleo pueda calificarse de injustificado, amén de mancillar al acusado y a su familia, pero también a la propia Justicia.
