El fiscal general del estado de Pensilvania, Josh Shapiro, presentó ayer los resultados de una investigación elaborada por un gran jurado respecto a la presunta comisión de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes contra niñas y niños durante décadas en aquella región del noreste de EEUU. Tal como ocurrió con el reportaje publicado por el periódico The Boston Globe en 2002, los resultados de este documento son demoledores para la Iglesia Católica.
Y es que por un lado identifica a más de 1.000 víctimas, principalmente adolescentes y preadolescentes, pero también niños y niñas de apenas siete años, que fueron abusadas por al menos 300 sacerdotes, pertenecientes a seis de las ocho diócesis del estado. “A algunos les hicieron masturbar a sus agresores o fueron manoseados por ellos. Algunos fueron violados oralmente, algunos vaginalmente, algunos analmente”, denuncia el texto. Por otra parte, el informe da cuenta de un “encubrimiento sistemático por parte de altos funcionarios de la iglesia en Pensilvania y en el Vaticano”, para quienes “lo principal no era ayudar a los niños, sino evitar el escándalo”, en palabras de Shapiro.
En suma, se trata de un demoledor informe que no solo pone en evidencia la existencia de cientos, sino miles, de enfermos mentales que se camuflan tras los hábitos religiosos para satisfacer sus trastornos sexuales; sino también de una aberrante cultura de encubrimiento en el sede de la Iglesia Católica, cuyas principales autoridades tradicionalmente han optado por proteger a su institución y a los abusadores antes que ayudar a las víctimas.
