En 2010, en vísperas de una de las reuniones definitorias de la agenda de Naciones Unidas sobre cambio climático, se realizó en Bolivia el primer encuentro mundial de pueblos indígenas para discutir acerca de los derechos de la Madre Tierra. En esa ocasión, el Presidente de Bolivia abogó por la creación de un tribunal ambiental internacional, que debía ser fruto de un acuerdo global en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
Previsiblemente el tema nunca entró en agenda del organismo multilateral, un poco por falta de interés de muchos de los Estados miembros y otro poco por falta de más empeño de la representación boliviana en ese foro global. Sin embargo, algunos activistas y las instituciones a las que representan lograron organizar un grupo bautizado como Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, el mismo que visitó el país la semana pasada y estuvo en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), donde se entrevistó con indígenas que habitan en ese lugar.
Debido a que es una iniciativa privada y no el fruto de un acuerdo en el seno de la ONU, la Viceministra de Medio Ambiente anunció enfática que el Gobierno no acatará las recomendaciones que el grupo de activistas emitió luego de su visita al parque nacional. Desde un punto de vista institucional, la decisión es razonable, pero es discutible desde el punto de vista del compromiso en favor de los derechos de la Madre Tierra.
