Existe consenso entre los organismos internacionales y los especialistas respecto a que la política de erradicación concertada ha sido exitosa. No obstante, el aumento de los cultivos en los dos últimos años, especialmente en el Chapare y en las áreas protegidas, así como los problemas registrados en La Asunta son indicios de los nuevos retos que se deben enfrentar.
En efecto, el gobierno de Evo Morales viene implementando desde hace años una política de control y erradicación de la producción de coca que ha sido positivamente valorada por las Naciones Unidas y la Unión Europea. Gracias a esta política, entre 2011 y 2015 se registró una reducción significativa de los cultivos de la hoja, en contraste con su aumento en Perú y Colombia, los otros dos grandes productores de esta planta utilizada como insumo para la cocaína.
Además del buen desempeño cuantitativo, los organismos internacionales y muchos especialistas ponderaron que esta reducción se haya conseguido sin recurrir a acciones de fuerza policiales, sin la fumigación de herbicidas y en un marco de concertación con los campesinos. Una lógica opuesta a la aplicada en las políticas de mano dura utilizadas tradicionalmente en los otros países de la región, las cuales además de reforzar la violencia en las zonas cocaleras,han resultado deficientes.
Frente a este escenario, las acciones gubernamentales bolivianas aparecían como eficaces, pacíficas y socialmente sostenibles. Ese es un logro que hay que preservar y que sería riesgoso no considerar en el futuro, considerando incluso sus actuales limitaciones. Los otros esquemas de erradicación de la coca aplicados en la región han demostrado ser menos efectivos y atentatorios contra la paz social.
Sin desmerecer ese panorama, se necesita, sin embargo, reflexionar sobre las limitaciones y desafíos que enfrenta esta política. Por una parte, preocupa el aumento de los cultivos por dos años consecutivos, de 14% entre 2015 y 2016, y ahora de 6% entre 2016 y 2017. Por otra parte, son inquietantes los crecientes problemas para erradicar los cultivos excedentarios y evitar su proliferación en zonas en las que está prohibido, como es el caso de los parques nacionales o en la región de La Asunta de los Yungas paceños. Se han producido enfrentamientos e incluso incidentes violentos en recientes operativos de la FELCN.
Toda política, incluso la más exitosa, requiere de una evaluación continua y de una adaptación inteligente a los cambios coyunturales. Considerando que la política de la coca fue pensada y diseñada a inicios de este siglo, parecería sensato reflexionar sobre su futuro y los ajustes que necesita para garantizar su proyección por más tiempo. Hay que saber leer constructivamente ciertas señales, sobre todo las negativas, antes de que éstas se amplifiquen y afecten las bases de la política que motiva el presente comentario.
