El debate sobre el segundo aguinaldo está en sus últimos momentos, antes de que el Gobierno ponga en vigencia la medida mediante el correspondiente decreto supremo. Por eso mismo, conviene hacer algunas reflexiones sobre el particular. Como se sabe, el pago de un segundo aguinaldo se estableció en 2013 como un supuesto premio a la productividad de las clases asalariadas, estableciendo además que se pagaría cada vez que el crecimiento anual del PIB fuera superior al 4,5%.
La definición de dicha meta tuvo que ver muy probablemente con el hecho de que la economía ostentaba en esos años niveles de crecimiento superiores al 5%, y se esperaba que se mantuvieran en ese rango. Ocurre, sin embargo, que a partir de 2014 el crecimiento económico general se ha ido reduciendo hasta niveles ligeramente superiores al 4%, junto con el aumento simultáneo del déficit fiscal y de la creciente brecha comercial que registra la balanza de pagos en cuenta corriente.
La desaceleración económica tiene varias explicaciones, algunas están relacionadas con la prolongada crisis que aflige a las economías de América Latina y el Caribe, expresada en exiguas tasas de crecimiento de 1,2% en 2014, menos del 0,2% en 2015, menos del 0,8% en 2016 y 1,2% en 2017, sin que se vislumbre una recuperación dinámica en el futuro próximo, habida cuenta de los graves problemas que enfrentan Venezuela, Argentina y Brasil, entre otros.
Por otro lado, en el ámbito interno también están presentes síntomas de agotamiento del dinamismo pasado y, lo que es más preocupante, se percibe la ausencia de políticas estructurales conducentes a impulsar un crecimiento sostenido por aumentos sistemáticos de la productividad, que puedan traducirse en auténticas estrategias redistributivas.
Lo que ha prevalecido en los años recientes, por el contrario, ha sido una política de incremento salarial anual por encima del nivel oficial de inflación, y sin consideración alguna con un esquema balanceado de indicadores relacionados con la situación del empleo, la inversión reproductiva y los otros precios relevantes de la economía. Y tampoco se ha elaborado un examen completo de los verdaderos sectores ganadores y perdedores de esta política. La estructura de la ocupación y el empleo por agentes institucionales (públicos y privados), por dimensión de la unidad económica, así como la proporción del empleo formal en comparación con el empleo informal determinan en conjunto la resultante final de cualquier disposición en el ámbito laboral, indistintamente de las intenciones iniciales de las autoridades respectivas. Y esto se hace mucho más evidente cuando se examinan las repercusiones de tales disposiciones a mediano y largo plazo.
La estructura económica del país es en extremo desigual en cuanto a la generación de ingresos y empleos de los diferentes sectores, los grados de informalidad no son iguales en dichos sectores, así como tampoco es equivalente la proporción del sector público en los diferentes sectores de actividad económica. Se podrían citar también otras asimetrías estructurales, pero baste con lo señalado, para argumentar en contra de un tratamiento salarial igualitario para sectores y entidades con grandes diferencias en su desempeño pasado y en sus perspectivas futuras.
Bajo tales circunstancias no se puede sostener que el volumen de utilidades privadas declaradas para la gestión pasada justifica un pago del segundo aguinaldo este año, puesto que los contribuyentes a dicha cuenta son tan o más desiguales que la economía general. A su vez, la informalidad determina que el beneficio únicamente alcanzará a una pequeña proporción de los asalariados, tal como ha ocurrido en el pasado. Por último, será la planilla de sueldos y salarios públicos la que se incremente y empuje el déficit fiscal para arriba.
*es economista.
