Brasil es el principal socio comercial de Bolivia y el vecino que comparte la mayor proporción de sus fronteras. Lo que suceda en ese país afectará significativamente a Bolivia. El crecimiento económico tuvo efectos beneficiosos, pero la incertidumbre política podría causar perturbaciones no deseadas. Muy pronto veremos a los 147 millones de electores brasileños concurriendo a las urnas para elegir a un nuevo presidente. Necesitamos comprender sus desafíos.
El nuevo Gobierno tendrá que encauzar una solución política para superar el desequilibrio institucional que se acentuó en los últimos años. Para ello necesitará, además de la legitimidad conferida por una previsible segunda vuelta en las elecciones, de una mayoría en el Congreso que le permita aprobar sus propuestas en busca de una estabilización. Esa gobernabilidad parece indispensable para enfrentar los problemas de la coyuntura como el crecimiento acelerado del déficit de la previsión social y la falta de recursos para financiar la salud pública, la educación y la seguridad. Una fuerte caída en la recaudación de impuestos reduce la prestación de servicios básicos.
Parte del desafío institucional consistirá en redefinir el poder real del sistema Judicial que creció de forma desproporcionada frente a un Ejecutivo y un Legislativo arrinconados por denuncias, detenciones y condenas por la lucha contra la corrupción. Superar el actual desequilibrio institucional es tarea de mediano plazo, que dependerá del nuevo acuerdo político, tras un proceso que ya condenó a 77 personas por corrupción, en segunda instancia; entre ellos a un expresidente, exministros, exgobernadores, parlamentarios y empresarios.
El último gran acuerdo político tuvo lugar hace 30 años, cuando los grupos representados en el Parlamento aprobaron una constitución que sigue vigente. Ahora, la tentativa de superar el desafío institucional tendrá lugar en el Congreso. Muchos políticos no condenados enfrentan acusaciones que siguen sus trámites y plazos a la espera de decisiones. La Justicia puso en el banco de los reos a todo un modo de hacer política, que era practicado por la mayoría de los partidos políticos al financiar sus campañas electorales a cambio de beneficios. Las coimas se pagaban a cambio del acceso privilegiado a los bancos del Estado, ventajas legales o regulatorias o el compromiso de apoyo a demandas futuras.
Más allá de los procesos contra la corrupción, la recomposición de los tres poderes del Estado enfrenta otro desafío institucional derivado de las demandas de la sociedad que condujeron al Poder Judicial a emitir fallos considerados como invasión de atribuciones del Legislativo.
Así, la crisis económica, la falta de confianza de los agentes económicos y los años de recesión son, pues, resultado de decisiones equivocadas en materia económica y del avance de la lucha contra la corrupción inclusive contra miembros de un gobierno de por sí perjudicado por escasa legitimidad. En otros países de la región, ese desorden institucional es también perceptible, aunque tienen características diferentes, ya que en otros casos fue más bien provocado porque el Ejecutivo pasó a ejercer los roles de los poderes Judicial y Legislativo.
