En los últimos años los partidos políticos en el país han ingresado en un declive interesante. De haber sido sustituidos en algún momento por algunos medios de información (Ignacio Ramonet decía en una entrevista con La Razón en 2012 que “son los medios los que han tomado el relevo”), debido a la influencia de sus agendas en la opinión pública, se han decantado en otras formas de incidencia política y toma del poder.
No todos los partidos, cierto. Ante la crisis política y la necesidad de ampliar la participación social en la gestión pública, los partidos políticos acordaron una ley de agrupaciones y pueblos indígenas. Fue (es) una opción para la reinvención.
Así, por ejemplo, una facción importante de la extinta Acción Democrática Nacionalista (ADN), del converso exdictador Hugo Banzer, terminó en Poder Democrático Social (Podemos), o el Movimiento Sin Miedo (MSM), en la agrupación Soberanía y Libertad (Sol.bo); de Juan del Granado al actual alcalde de La Paz, Luis Revilla. Y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) o el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), otrora partidos tradicionales, se desgajaron también en agrupaciones ciudadanas locales en Tarija, Beni, Santa Cruz y otros departamentos.
Ahora esos partidos históricos no se encuentran en vigencia, salvo el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que acogió en el último periodo político a quien fuera militante de ADN y fundador de Podemos, Jorge Quiroga.
Son otros tiempos, de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS), que había competido con ellos en las elecciones de 2002 y 2005 hasta ver sepultarse sus aspiraciones.
Salvo Unidad Nacional (UN) y Demócratas, los partidos de mayor importancia, no hay organización política capaz siquiera de incomodar al MAS ante sus aplastantes dos tercios legislativos.
En ese cuadro de situación surgen las llamadas “plataformas ciudadanas”, que, sin una representación real, resultan instituciones sociales dispersas, quizás con capacidad de movilización pero sin posibilidad alguna de toma del poder, al menos en las actuales circunstancias.
No todas, no obstante. Emergen ante la desacreditación de los partidos —ahora— de oposición, como una necesidad de una representación colectiva sin un fin más que reaccionario ante ciertas políticas gubernamentales y, en los últimos meses, contra la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la repostulación de Evo Morales.
Sin embargo, muchas de ellas son financiadas (panfletería, indumentaria o emblemas) incluso por partidos políticos e impulsadas por políticos y activistas de oposición, como Julio Alvarado (excandidato de PDC), Iván Arias (MIR), Víctor Cárdenas (MNR-MRTKL) o Guillermo Paz (ADN), algunos de los cuales participaron del “segundo congreso” de los grupos en Sucre.
Tienen fuerte incidencia en las redes sociales y los grandes medios de información, que recogen para su agenda hasta sus más mínimas acciones. Ahora propugnan la defensa de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 que rechazó la modificación de la Constitución Política del Estado para una eventual repostulación del Presidente y del Vicepresidente.
El “Bolivia dijo No” es la principal premisa. Logran posicionar cualquier incidente con ese eslogan y, últimamente, su estrategia es incomodar actos del Gobierno, acción que rápidamente repercute en los medios de información y las redes sociales.
Implican un intento de reinvención de la acción política partidaria. Transcurren la circunstancia, no tienen proyección ni tienen una plataforma de gobierno ni potenciales candidatos. Muchas se mimetizan en la ciudadanía para pasar como algo ajeno a la confrontación partidaria.
