Cuando se habla de representación, estamos acostumbrados a pensar en lo que conocemos como crisis de representación política. Hay consenso entre los estudiosos del tema y actores políticos respecto a que Bolivia vivió una crisis de este tipo entre 2000 y 2005; en gran medida debido a que quienes estaban llamados institucionalmente a representar la voz del soberano (los partidos políticos) habían perdido la capacidad y legitimidad para hacerlo.
Un primer intento para dar respuesta a esta situación política surgió en 2004, con la modificación constitucional para incluir a las agrupaciones ciudadanas en la ecuación de la representación. El supuesto de que agrupaciones ciudadanas más cercanas a la gente podían trasladar de mejor manera sus intereses, preocupaciones, expectativas y proyectos hacia la institucionalidad de los gobiernos locales e incluso a los nacionales permitió alivianar los síntomas de esta crisis.
Luego vino la Asamblea Constituyente de 2007, y junto con el debate sobre el cambio paradigmático entre interculturalidad y plurinacionalidad asistimos a la resolución de la demanda del sector indígena; la cual establecía que en un Estado Plurinacional el autogobierno debe ir de la mano de la autorrepresentación para las organizaciones de naciones y pueblos indígena originario campesinos (ONPIOC). Esto es que nadie representa a las ONPIOC, ellas se representan a sí mismas.
Luego llegó la prolongada deliberación a nivel nacional de la Ley de Organizaciones Políticas. Entonces, se volvió a hablar públicamente de la representación política, concretamente desde abril del año pasado hasta las pasadas semanas, cuando finalmente se promulgó la mencionada norma. Fue también en 2017 cuando las plataformas ciudadanas empezaron a forjarse y organizarse en torno a la defensa del referéndum del 21F. Varios analistas han tratado de caracterizar a estas plataformas, y al hacerlo han equiparado su existencia a los nuevos actores de la política global; las cuales a su vez han surgido con el fin de reparar las fisuras más complejas de una crisis de representación a nivel mundial en las que la falta de legitimidad de las organizaciones políticas y la autorrepresentación tienden a ser la norma. En ese orden, resulta cada vez evidente que las plataformas ciudadanas no persiguen la construcción de un proyecto de país, sino la defensa de una causa concreta: el resultado del 21F en el caso boliviano.
Ello encuentra mayor sentido cuando se hacen las siguientes preguntas, ¿por qué las plataformas ciudadanas no buscaron ser tomadas en cuenta en la nueva Ley de Organizaciones Políticas? ¿Por qué no cuestionaron las características y el alcance de las agrupaciones ciudadanas, las cuales podían serles útil para trasladarse al espacio de la representación institucional? ¿Por qué no pelearon ese lugar en el marco de una nueva normativa? Y la respuesta es simple: porque dada su naturaleza, en cuanto la causa del 21F desaparezca, ellas también lo harán, hasta que aparezca una nueva causa que las aglutine.
Lo que sí parece interesarle a las plataformas ciudadanas en torno a la Ley de Organizaciones Políticas es resistirla. Y mientras tanto, guste o no guste, los que van a vehicular la voz de la ciudadanía hasta la toma del poder son los partidos políticos. Y ese es el núcleo de la encrucijada de la representación democrática hoy.
