En Argentina, la crisis cambiaria se está profundizando con una gran devaluación de su moneda. Previsiblemente, los efectos de este desbalance van a afectar a Bolivia. Los sectores que producen para el mercado de consumo interno son particularmente vulnerables ante estos impactos. Resulta crucial pensar en acciones contundentes para mitigar esta situación.
En efecto, pese a los esfuerzos del Gobierno argentino y del apoyo del FMI, la inestabilidad cambiaria ha seguido creciendo en el país vecino. Su moneda se ha devaluado severamente en el último semestre, pasando de un valor de 17 pesos argentinos por dólar a fines de 2017 a rondar los 40 pesos en las últimas semanas. Además, no hay señales de que la tormenta económica haya cesado.
De igual manera, aunque en un porcentaje menor, otras monedas de la región han sufrido devaluaciones, en un entorno internacional caracterizado por el retiro de los inversores financieros de los países emergentes y el encarecimiento del crédito externo para estos mercados. Por la dimensión del desequilibrio y la importancia de algunos de estos mercados para el país, es muy probable que estos impactos se sientan en Bolivia en las próximas semanas y meses. Por ejemplo, el comercio en las ciudades fronterizas con Argentina ya ha sufrido una significativa reducción.
Conscientes de esta situación, representantes del sector privado y autoridades económicas del Gobierno se han reunido para analizar los posibles impactos de esta situación. A su vez, los banqueros han lanzado un mensaje de tranquilidad a la población y de apoyo a la actual política cambiaria. Pero más allá de estos mensajes de serenidad, el sector productivo e industrial del país podría verse afectado por esta coyuntura. Esto porque la devaluación del peso argentino se va a traducir en un abaratamiento sustancial de los productos que Bolivia importa desde Argentina, muchos de los cuales compiten directamente con la producción nacional. Con ello, el aparato productivo boliviano puede verse debilitado en segmentos que concentran una gran cantidad de trabajos formales, así como en la generación de un valor agregado crucial para la modernización económica.
Para mitigar estos riesgos, convendría reflexionar entre todos los actores involucrados sobre posibles ajustes en las políticas comerciales y de incentivo al desarrollo productivo nacional. Esta agenda debería evitar concentrarse solamente en la posible devaluación de nuestra moneda, medida que impulsaría varias implicaciones que deben ser evaluadas; más bien debería apuntar a una gama articulada de acciones pragmáticas que sean viables en el corto plazo. Asimismo convendría adoptar medidas que refuercen la lucha contra el contrabando; y que impulsen la flexibilización de ciertas regulaciones que complican al sector productivo manufacturero, e incluso ciertas facilidades para enfrentar las obligaciones tributarias y laborales, sabiendo que el entorno se perfila complicado.
