La semana pasada se conmemoró en Bolivia el Día Nacional de la Trata y Tráfico de Personas, lo cual fue motivo para reflexionar sobre este delito que afecta la dignidad y los derechos de cientos de personas, principalmente mujeres, niñas y niños en todo el país. La trata de personas es el tercer delito transnacional más lucrativo del mundo, solamente superado por el tráfico de drogas y de armas.
Pero ¿qué entendemos por trata de personas? Es la comercialización de seres humanos, poniéndoles precio, cosificándolos, acabando con su autoestima y dignidad. ¿Y qué es el tráfico de personas? Es la movilización ilegal de personas a una nación diferente de la que provienen, transporte realizado por personas u organizaciones criminales con el propósito de tener un beneficio monetario. También se denomina tráfico de migrantes.
Según el Informe Global 2016 emitido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se estima que el número de víctimas de trata de personas puede superar los 2,5 millones de seres humanos, generando más de $us 7.000 millones en ganancias para las organizaciones criminales. Asimismo, se destaca que el 74% de las víctimas son mujeres y niñas, las cuales son explotadas sexualmente o sometidas a matrimonios forzados. El porcentaje de hombres y niños representan el 26%, pero va en aumento, y son explotados con fines de trabajos forzados (principalmente en la minería), como soldados o esclavos. Del total de víctimas en el mundo, el 20% son niñas, mientras que el 8% son niños.
En Bolivia, según los datos de la FELCC, en 2017 se registraron 464 denuncias relacionadas con delitos vinculados a la trata y el tráfico de personas; siete de cada 10 víctimas en Bolivia son mujeres y niñas. Ante este panorama, el Estado Plurinacional de Bolivia ha venido adelantando esfuerzos para consolidar un marco normativo y la política pública contra la trata y el tráfico de personas.
A partir de la promulgación de la Ley 263 de 2012, la Política contra la Trata y el Tráfico y el Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para la Lucha contra la Trata de Personas, se realizan diversas acciones dirigidas a combatir estos delitos, haciendo especial énfasis en la prevención, la atención, la protección y reintegración, la persecución y sanción y la coordinación nacional e internacional. Por otra parte, la conformación del Consejo Plurinacional y los Consejos Departamentales contra la Trata y Tráfico de Personas demuestra el compromiso que las instituciones del Estado, junto con la sociedad civil, asumen en la lucha contra este delito.
Hace unos días se realizó en La Paz la Convención Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas, dirigida por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en alianza con la cooperación sueca. Esta convención permitió repasar los avances y desafíos pendientes en el marco de la Ley 263 Integral contra la Trata y Tráfico de Personas y generar una serie de recomendaciones y nuevas líneas de acción para el país.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, durante la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, llevado a cabo el pasado 30 de julio de 2018, señaló la importancia de visibilizar y tomar acciones desde todos los niveles de la sociedad: “La trata de personas adopta muchas formas y no conoce fronteras. Demasiado a menudo, los tratantes de personas actúan con impunidad, y sus delitos no reciben la atención suficiente. Esto no puede seguir así”.
Pero ¿cuál es el principal reto que debemos encarar a futuro? Reconocer la urgencia de fortalecer las acciones conjuntas que garanticen respuestas integrales, apoyando al Estado en el cumplimiento de los objetivos y las metas relacionados con la lucha contra la trata contenidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Estos objetivos piden que se ponga fin a la trata y la violencia contra los niños, que se tomen medidas contra la trata en general, y que se acabe con todas las formas de explotación y violencia contra las mujeres y niñas, siendo ellas las más vulnerables de la población.
