Días atrás, el Viceministro de Descolonización solicitó formalmente al Alcalde iniciar una investigación contra un ciudadano que fue captado en un video profiriendo expresiones discriminadoras contra personas que estaban en alguna actividad bajo una carpa en la calle.
El ciudadano a quien se pide investigar es el tristemente célebre propietario de un bar que funcionó de manera ilegal durante años en la zona de San Miguel, en La Paz, y que con tal de no acatar las normas municipales no solo pretendió dar jurisdicción a un municipio vecino, sino que, aparentemente convencido de tener mayor poder e influencia gracias a su dinero y su equipo de abogados, inició una larga guerra judicial que se saldó con un fallo del Tribunal Constitucional.
Llama la atención, sin embargo, que no haya sido el propio Viceministerio, o la Dirección General de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación o el Comité Contra Toda Forma de Discriminación, a su cargo, el que hubiese iniciado la investigación, así como que no hubiese puesto el caso en manos del Ministerio Público, instancia mejor llamada a investigar y demandar sanción ante la autoridad jurisdiccional competente.
Con todo, el gobierno municipal paceño tiene ahora en sus manos la posibilidad de ejecutar una acción ejemplarizadora, de la cual podría emerger la evidencia de que ninguna vulneración de la dignidad de las personas, menos si está fundada en el odio racista, es aceptable en la ciudad sede de gobierno. Urge hacer justicia.
