Una vez más, parte de la población paceña necesitada de atención médica no pudo acceder ayer a su derecho a la salud, debido a que el Colegio Médico departamental, en consonancia con los entes colegiados del país, resolvió suspender los servicios en centros médicos y hospitales públicos, en rechazo al Seguro Universal de Salud (SUS).
El paro, comunicado la semana pasada y ejecutado el lunes y martes en Santa Cruz, provocó que los ministros de Trabajo, primero, y el de Salud, luego, anunciaran sanciones contra los galenos que acataron la medida, con descuentos en sus haberes por los días no trabajados. Según el Gobierno, el paro en la capital cruceña fue “a medias”, tal vez por el temor de algunos médicos y salubristas a perder parte de su ingreso mensual.
Al momento de anunciar el paro, el vicepresidente del Colegio Médico cruceño afirmó que la medida se dio “en rechazo al seguro universal que el Gobierno pretende implementar en 2019 sin las condiciones adecuadas, porque es un medida política”; agregando que “proponemos un debate técnico y científico sobre la viabilidad y sostenibilidad del Seguro Único de Salud”.
Días después, el presidente del Colegio Médico paceño anunció que la entidad colegiada expondrá un análisis del Consejo Médico de Bolivia que da cuenta de que el sistema de salud público no está listo para asumir ese reto por las innumerables “deficiencias estructurales”. En ambos casos se referían al acuerdo de sostener una reunión con autoridades del Ejecutivo el lunes 3 de diciembre; el cual sin embargo no evitó la medida de presión.
A su vez, el Ministro de Trabajo afirmó que el paro “es exclusivamente una posición política, porque tenemos un Colegio Médico que se opone a la aplicación de un seguro de salud para toda la población”. Mientras que para el Ministro de Salud, el temor de los médicos se debe a que el SUS mermará los ingresos de quienes se dedican a la práctica privada de la medicina.
Al margen de la evidente intencionalidad política detrás de las movilizaciones de los colegios médicos, que a inicios de año demostraron su capacidad de movilización logrando la derogatoria de la Ley del Sistema del Código Penal, hay razones para desconfiar del proyecto del SUS. Solo por citar un ejemplo, el Hospital de Clínicas está en crisis desde hace meses por la falta de pagos de parte del Ministerio de Salud, y la respuesta que dan las autoridades es simplemente burocrática, como si no fuesen conscientes de que garantizar el derecho a la salud es obligación del Estado.
Por la evidente importancia de los servicios de salud para la población, todo paro del sector es inaceptable, mucho más si tiene motivaciones políticas. Pero también es discutible que el Gobierno pretenda dar un primer paso para impulsar un seguro universal sin haberse puesto de acuerdo con quienes deberán hacerse cargo del trabajo.
