Rumbo a las elecciones de 2019, bajo la consigna de construir una democracia que deje de lado prácticas como el “cuoteo” y las “megacoaliciones”, se ha forjado una alianza entre el candidato presidencial del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) e integrantes de plataformas ciudadanas, con el fin de dar paso a la participación del pueblo, según señaló el expresidente Carlos Mesa a tiempo de lanzar su candidatura.
Más allá de las buenas intenciones de esta propuesta que pretende devolverle al pueblo su rol protagónico en la democracia, se puede inferir que muchos de los representantes de estas “plataformas” ya han participado en pulsetas políticas y en elecciones de la mano de partidos tradicionales. Por ejemplo, en las elecciones de 2009 el activista paceño Guillermo Paz fue candidato a diputado por Convergencia Nacional, de Manfred Reyes Villa; no obstante perdió en aquella pugna electoral, según refleja la prensa nacional. De igual manera, en los comicios de 2014 Marcela Martínez fue candidata a diputada uninominal por Unidad Demócrata (UD), agrupación liderada por Rubén Costas y Samuel Doria Medina. Ese mismo año, el economista Julio Alvarado se postuló para pugnar por una diputación uninominal en la ciudad de La Paz bajo el amparo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), cuyo candidato presidencial era Jorge Tuto Quiroga. En esa misma gestión se conformaron alianzas entre el Frente Amplio y UD en las que participaron Loyola Guzmán y José Antonio Quiroga; este último inicialmente afín al MAS y hoy activista por el 21F.
Podría seguir nombrando a personas que actualmente presumen de ostentar la representación ciudadana, pero que sin embargo encaran una suerte de oportunismo político en busca de espacios de poder, al viejo estilo de los partidos tradicionales, y que tienen una última oportunidad en Carlos Mesa, un candidato firme en las encuestas, altamente presidenciable y sin estructura política en la que pueda sostenerse. A esto cabe añadir que la mayoría de las plataformas ciudadanas son más bien grupos reducidos de amigos que se multiplican por doquier, al estilo de los “taxi partidos” de décadas pasadas, en los que la militancia cabía en un vehículo.
Esta falta de representatividad se vio reflejada en la firma de un acuerdo con más de 50 “plataformas”, suscrito en una mesa con la participación de cerca de medio centenar de personas y el refuerzo de la prensa; cuando lo ideal hubiese sido la organización de una reunión de grupos consolidados con el respaldo ciudadano y una movilización que demuestre su fuerza. Pues en política, “generales sin Ejército no ganan batallas, menos una guerra”.
Por otra parte, el acuerdo suscrito entre el FRI y Soberanía y Libertad (Sol.bo), de Luis Revilla, a partir de “coincidencias programáticas” condiciona a Mesa; ya que al final esta consigna resulta un mero enunciado frente a las posteriores presiones, que seguramente existirán, con el fin de poder participar en las candidaturas para senadores y diputados. Alianza que además constituye un espaldarazo para el jefe de Sol.bo, partido que no cuenta con personería jurídica a nivel nacional y que tiene un bajísimo porcentaje en las encuestas. Esta situación, lejos de ser una ventaja ciudadana, constituye un frágil andamio para Mesa, quien ante la ausencia de militancia real puede ser sujeto de presiones e incluso de chantajes de una bancada que responde no a su liderazgo, sino a una oportunidad coyuntural en procura de sumarse al poder, y que en verdad no representa a las mayorías.
Finalmente, el cabildo del 10 de octubre fue una reunión de muchos oradores, sin un norte político concreto más allá del 21F, ante una movilización ciudadana que no puede ser atribuida a ninguna de las “plataformas”. Estos elementos deberían motivar a Carlos Mesa a reflexionar si realmente están a su lado los mejores ciudadanos, o si simplemente se repetirá la historia de 2003 cuando fue prisionero de Palacio, sin bancada y sin la fuerza necesaria para sostener su gobierno.
* Comunicador social, periodista del periódico La Cátedra de la UMSA.
