El acto de inicio del año judicial 2019, la semana pasada en la sede del Órgano Judicial, Sucre, fue turbulento, por decir lo menos, para el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien en su discurso inaugural hizo algunas desafortunadas afirmaciones que luego sirvieron de combustible para la opinión que suele expresarse a través de las redes sociales.
Además de anunciar que 2019 será el año en el que comience a implementarse la digitalización de los trámites judiciales a través de la aplicación Salomón-pro, que, entre otros aspectos, facilitará las notificaciones para el pago de la asistencia familiar, eliminando la tan extendida práctica de sobornar al secretario del juzgado correspondiente, el jefe del tercer órgano del Estado también dijo que se implementará una agencia de noticias institucional.
Fue a propósito de este anuncio que el cuarto en la línea de sucesión constitucional se permitió juzgar la ética y la objetividad de “la prensa”. De nada sirvió que aclarara su declaración asegurando que la prensa “no es precisamente objetiva” y que “tergiversa, manipula la información” fue a título personal y en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sobre todo porque siendo el primer juez del país, lo menos que cabe esperarse de él es que sepa guardar sus opiniones en actos donde se supone que habla el funcionario de más alto rango de la Justicia y no un ciudadano cualquiera.
También, a propósito de la digitalización de los procesos y la implementación del “expediente judicial electrónico”, el presidente del TSJ explicó que solo el 36% del presupuesto del órgano a su cargo proviene del Presupuesto General del Estado y el resto de recursos propios, que podrían mermar si dejan de vender papelería valorada. Sugirió, en ese contexto, que el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”, dependiente del Ministerio de la Presidencia, ayude a construir casas de justicia en todos los municipios del país. La opinión intolerante creyó ver una afectación de la independencia de poderes en esta expresión.
Finalmente, hizo una interpretación discutible de la retardación de justicia, afirmando que las críticas, que propios y extraños suelen hacer, son un “prejuicio burgués” y afirmó que la entidad jurisdiccional a su cargo tuvo una eficiencia del 97% en fallos emitidos, y el resto de los tribunales, del 77%. No explicó, sin embargo, por qué más de dos tercios de las personas privadas de libertad en cárceles y penales del país no tienen sentencia.
A los principales magistrados recientemente electos les esperan días difíciles, no solo porque tienen sobre sus hombros la tan postergada tarea de reformar un sistema de justicia en el que ya nadie cree, sino sobre todo porque serán objeto de dura crítica en cada error que cometan. Ojalá que todos estén a la altura del cargo que la población les ha confiado con su voto.
