En los últimos años, el nombre del exfiscal departamental de La Paz Edwin Blanco ha sido vinculado con varias irregularidades judiciales. Por ejemplo, en mayo de 2017 el exjefe nacional Anticorrupción de la Policía Freddy Valda lo denunció por encabezar un “consorcio de fiscales, policías y abogados” dedicados a extorsionar a todo aquel que caía en sus manos, utilizando para ello el poder que les confería el Estado.
Pero su nombre cobró mayor relevancia a raíz del caso del bebé Alexander, luego de que saliera a la luz pública que, por presión de la Fiscalía paceña (en aquel entonces a cargo de Blanco), el principal acusado había sido sentenciado a 20 años de prisión pese a no existir pruebas en su contra. De hecho, la defensa demostró que el acusado ni siquiera había tenido contacto con el bebé el día que falleció. E incluso Blanco fue a visitarlo a la cárcel, ocultando su identidad, con la promesa de ayudarlo a recuperar su libertad si firmaba un documento inculpándose.
Y ahora último, su nombre ha vuelto a las noticias, después de que la principal denunciante del caso de Katanas revelase que los documentos de tres inmuebles y varios vehículos, que estaban a cargo de Blanco y que constituían pruebas de un presunto enriquecimiento ilícito gracias a la trata de mujeres, habrían desaparecido de la Fiscalía. Por el bien de esta institución, cuya imagen está cada vez más mancillada por la actuación de fiscales como Blanco, es de esperar que estas irregularidades se ventilen cuanto antes, en procura de subsanar la “putrefacción” que éstas esconden.
