Antes de la etapa final en la que se interrumpieron las ediciones del “Semanario del pueblo”, hay por lo menos tres momentos en su historia identificados por el nombre de los que fueron sus directores: la etapa de su fundador y primer director, Luis Espinal Camps, torturado y asesinado por los golpistas en marzo de 1980, a un año de vida del periódico; el breve período a cargo del joven escritor René Bascopé Aspiazu, fallecido en trágicas circunstancias; y la etapa más extensa, dirigida por el experimentado periodista Antonio Peredo Leigue.
De 1986 a 1989 trabajé con Antonio como jefe de redacción y viví de cerca dos experiencias notables. Una, relatada la quincena anterior, cuando un ministro acusado de corrupción quiso silenciarnos mandando a comprar todos los ejemplares de las esquinas de la ciudad. La otra ocurrió a mediados de 1988. Aquí destapó los primeros hilos de una madeja de corruptos de cuello blanco, altos funcionarios estatales que accedían subrepticiamente a una doble planilla de ingresos provenientes de organismos internacionales. El Banco Mundial, el BID, Usaid y otras agencias de cooperación que financiaban proyectos sobornaban a esos funcionarios, en algunos casos con sus propios recursos, y en otros con dinero que el país recibía en calidad de préstamo. A partir de un indicio sobre uno de los beneficiarios, el banzerista Ronald MacLean de la Alcaldía de La Paz, el asunto se fue destapando a ritmo vertiginoso, y dada su magnitud, provocó la justificada indignación popular, aunque tampoco faltaron algunos defensores de tales pagos secretos a título de “bonos de eficiencia”.
Al Poder Legislativo no le quedó más remedio que emitir una resolución expresa prohibiendo el pago de sobresueldos en todos los niveles de la administración pública, un antecedente que al presente conviene recordar (éstas u otras formas parecidas de corrupción no dejan de tentar a funcionarios de todos los gobiernos).
Además de ese resultado tangible, el tema provocó otros impactos dignos de recordar. En la tapa del último sábado de julio fue colocada una foto “maldita” del presidente Víctor Paz Estenssoro pensando la frase: “¿Sobresueldos? Yo me hago el oso”. Y lo más grave, un cintillo diagonal a toda página que, como expresión de la bronca de la gente, decía “Cabrones ¡Váyanse!”.
Se armó un gran revuelo. Antonio fue detenido el lunes en la puerta de su domicilio. A otros colaboradores nos capturaron en las oficinas del semanario. Se entabló un juicio contra el director y el jefe de redacción. Luego de varios días de permanecer en las celdas de Criminalística, en la calle Sucre, el momento en que de la Fiscalía nos llevaban al penal de San Pedro colegas del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz (del que yo era secretario de Cultura) lograron que el ministro de Gobierno, Juan Carlos Durán, ordenara al fiscal que me pusieran en libertad (parece que los fiscales desde siempre obedecen al Poder Ejecutivo). Antonio estuvo casi un mes en la cárcel, hasta que en colectas públicas el semanario reunió el dinero para pagar la fianza.
Pero lo más interesante de todo fue el sabroso debate sobre el uso o no uso de palabras gruesas en el lenguaje periodístico impreso. Duró varias semanas y tomaron parte muchísimas instituciones y personas. Por cierto, la polémica nunca concluyó. Es natural que las diferencias persistan. Antonio entrevistado todavía en la cárcel se defendió así: “(…) lo que hicieron los ministros es una indignidad, y para denunciar una indignidad pretenden que los periodistas seamos diplomáticos… La ética tiene un principio fundamental en cuanto al periodismo, se trata de la búsqueda de la verdad; y si en esa búsqueda nos encontramos con barro, hay que nombrarlo así, barro”. ¿Peredo tenía razón? ¿Usted qué opina?
