Con la nueva ministra, el Gobierno tiene su última oportunidad para atender la salud con dignidad, sin tretas, ni artimañas. El exministro y su equipo no fueron capaces de imponer lo que erróneamente creían que era un Sistema Único de Salud (SUS). No entendieron que “único” significa que nadie relacionado con la salud puede estar fuera, incluidas las cajas de salud que, respetando su independencia y autonomía, deben ser parte de la interacción sistémica que garantice el ejercicio del derecho a la salud. Por tanto, era engañoso señalar que a las cajas no las tocarían. De la manera que explicaban, parecía estarse creando un seguro público e independiente para los no asegurados; imprecisión reiterada que constituye una falla medular del SUS propuesto, que tiene origen en una corriente de la medicina social que se adoptó sin entenderla ni ser aplicable a nuestro caso.
La precipitación, desorden, improvisación e inconsistencia con que se pretendía instaurar dicho SUS era patente por las contradicciones y superficialidades que transmitían los múltiples voceros respecto a la gradualidad: la contratación de 8.500 médicos, el inicio en marzo, el registro, la concertación con municipios y gobernaciones, así como sobre los supuestos acuerdos logrados en “reuniones de coordinación”. Pareciera que la línea trazada era imponer el SUS utilizando cualquier ardid, como hacer gran propaganda, utilizar dirigentes y juntas vecinales paralelas o asegurar que con los 3.500 médicos egresados en Cuba se sostendrá el SUS, cuando en varios años del programa Mi Salud ni siquiera lograron un registro informatizado de los bolivianos que no tienen seguro. Estos desaciertos son los que exacerban sentimientos de desconfianza y rechazo de los profesionales de la salud, que son aprovechados por quienes potencian sus proyectos personales con los enfrentamientos.
La participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) fue poco auspiciosa al afirmar que $us 200 millones son suficientes para el SUS, suma que alcanzaría solo para los salarios de los 8.500 médicos que supuestamente contratará el Gobierno. Lo cierto es que, más allá de presupuesto, será posible instaurar un Sistema Único de Salud a partir de la voluntad política del Ejecutivo para lograr consensos y acuerdos nacionales, y un plan gradual concertado. La OPS, consecuente con su misión, debería patrocinar con la nueva ministra la conformación de un amplio espacio de debate y construcción del sistema, en un ambiente de confianza e inclusión, que evite la confrontación en favor de un gran acuerdo nacional por el derecho a la salud y la vida; en el que estén comprometidos el Gobierno central, los gobiernos departamentales y municipales, colegios profesionales, universidades y representantes técnicos de las organizaciones sociales.
Para esto, la ministra debe abandonar la idea de sus antecesores que creían que las soluciones competen al ministro o ministra y el Colegio Médico, marginando y menospreciando al resto de involucrados; no debe utilizar el ardid de reunirse con dirigentes intermedios y dar información fragmentada, que deja incertidumbre. Antes que imponer debe concertar, y la mejor medida sería constituir un órgano nacional, ampliamente participativo, que construya y lleve adelante el SUS, como en algún momento propuso el Presidente del Estado. El ministerio solo no podrá hacerlo exitosamente.
* Exdecano de Medicina de la UMSA.
