En los últimos días hemos asistido a un ejercicio superfluo de “debate”, en especial en las redes sociales, a propósito de la nacionalidad de la presidenta del Senado. Con un propósito más descalificatorio que de esclarecimiento, diferentes voces se ocuparon del asunto como si se tratase de un “gran hallazgo” o, peor, un delito. Y lo hicieron desde un deplorable chauvinismo.
El dato, que no constituye secreto alguno, es muy simple: la joven autoridad, nacida en Santa Cruz de la Sierra, tiene padre boliviano y madre chilena. Ello genera vínculos en cuanto a su nacionalidad. Nada de ello la desacredita ni, menos, la inhabilita para su elección como representante y el ejercicio de la función pública. Su nacionalidad boliviana no está en entredicho.
Como se trata de una mujer joven con prometedor liderazgo en el partido de gobierno, el asunto fue pronto contaminado por la disputa política. Y la carroña virtual se encargó del resto. Hay que destacar la mesura con la que, en general, opinaron —o se abstuvieron de hacerlo—los dirigentes opositores. Nadie debe ser juzgado o discriminado por la nacionalidad de sus padres.
No es la primera vez que esto ocurre. Hace algún tiempo, también con inaceptable chauvinismo, desde la vereda del oficialismo —incluida, nada menos, una ministra— se buscó descalificar a un operador mediático de la oposición por la nacionalidad (chilena) de su madre. No todo sirve en la batalla política. Es fundamental asumirlo para cuidar la calidad de la conversación pública.
