El Colegio Boliviano Alemán Ave María, de la zona de Villa Fátima en La Paz, es un caso aparte y preocupante. El año pasado, de manera unilateral y vulnerando la resolución del Ministerio de Economía para todas las unidades educativas privadas, subió en 100% sus pensiones (la regla era 4%), de Bs 338 a Bs 750. Eso sí, contaron con la venia de 2.300 padres de familia del establecimiento, solamente 23 se opusieron e inclusive perdieron un recurso de amparo constitucional para restablecer la mensualidad.
El alegato de los directivos es la crisis económica y la pérdida del apoyo de Alemania. Al final, imperó el “dejar hacer, dejar pasar”, pese a que las autoridades señalaron que la medida era ilegal y que ninguna ley permitía que una asamblea de padres avale este tipo de incremento. Y eso no es todo. Este año, el Ave María ratificó el monto de su pensión e incluso impidió el ingreso a clases de los estudiantes cuyos padres rechazan el alza, en franca vulneración al derecho a la educación.
El Gobierno anunció un juicio penal. La Defensoría del Pueblo tildó el hecho como discriminación. Sin duda, ante el torpe accionar contra ese grupo de estudiantes, queda aplicar sanciones. Y sobre las pensiones, el Ave María fue multado dos veces y el siguiente paso sería su cierre, pero Educación admite que ello ocasionaría un serio perjuicio a los alumnos. Pero ello no restringe hallar soluciones en el marco de las reglas para todos (ya que seguro no es el único colegio en crisis), sin abrir más las puertas a que se quiebre el principio de autoridad en el sector.
