Las limitaciones, no previstas en las leyes, al libre ejercicio de los derechos políticos de cualquier ciudadano son inadmisibles. Esto es aún más imperativo en un periodo en el que los bolivianos tendrán que participar en un amplio proceso de deliberación pública sobre el gobierno futuro que deberá guiar al país. Todos tenemos que contribuir a que las elecciones de octubre de este año se realicen en un clima de paz, libertad y respeto.
Por tanto, son muy indeseables las expresiones de algún dirigente oficialista que sugieren que ciertos candidatos o fuerzas políticas no podrían realizar sus tareas proselitistas en el Chapare. Esta posibilidad ha despertado malestar e inquietud en muchos ciudadanos, lo cual es comprensible.
Más bien, voceros autorizados del oficialismo han aclarado oportunamente lo obvio: cualquier candidato tiene todo el derecho de realizar su campaña donde mejor le plazca. Aún más, si alguna fuerza política se viera afectada por alguna interferencia arbitraria, el Gobierno tiene la obligación de garantizarle el ejercicio de sus derechos.
Estamos viviendo un momento político con tensiones y posiciones muy contrastadas que, aunque a veces excesivas, son parte de la vida democrática. Por esa razón es aún más urgente que las dirigencias políticas cuiden sus palabras y propuestas. No hay que bajar la guardia, todos tenemos responsabilidades en la preservación de ese bien invaluable que es la base de nuestra democracia: la convivencia entre diferentes.
