En los últimos años, el Gobierno ha adoptado algunas medidas para luchar contra el contrabando de carburantes, como la instalación del Sistema de Autoidentificación B-Sisa, el cual permite controlar y restringir la venta de combustible en las estaciones de servicio. A la par, cada vez que surge un nuevo control los contrabandistas buscan estrategias innovadoras en procura de sortearlos, ampliando por ejemplo la capacidad de sus tanques o instalándoles divisiones adicionales para poder cargar más combustible.
A pesar de ello, las autoridades aseguran que el sistema B-Bisa ha contribuido a reducir significativamente el contrabando de carburantes. Una noticia sin duda positiva, pues, como bien se sabe, este ilícito puede generar desabastecimiento, especialmente en las ciudades fronterizas. Adicionalmente, el país importa gran parte del combustible que consume, el cual además está subsidiado, lo que representa una erosión creciente de las arcas públicas (tan solo el año pasado el Estado gastó $us 1.324,6 millones para la internación de gasolina, diésel y lubricantes, un 41,3% más que en 2017).
De allí que hagan falta mejoras continuas en esta cruzada para evitar la salida ilegal de combustible, más aún tomando en cuenta que en un país como Bolivia, con amplias fronteras y varios vecinos económicamente más fuertes, resulta muy difícil contrarrestar el lucrativo negocio que significa vender más caro en el exterior aquello que se compra barato dentro del territorio, sobre todo cuando se trata de bienes fáciles de transportar y ampliamente cotizados como son los carburantes.
