En Bolivia el mundo está al revés, mejor aún: el Estado. Supuestamente el Estado Plurinacional (EP) ampara la libre determinación de los pueblos y naciones indígenas, reconoce y garantiza un conjunto de derechos colectivos sobre sus territorios ancestrales, protege sus modos de vida y facilita su presencia en ámbitos legislativos. Sin embargo, en los hechos, siempre incómodos, las demandas de los marchistas indígenas (restitución de territorios ancestrales, modificación de la ley de deslinde jurisdiccional, reforma de procedimientos para lograr la autonomía indígena), perfectamente compatibles con los enunciados de la Constitución y con la voluntad de la Asamblea Constituyente, solo han merecido hasta ahora el desprecio, la saña y la hostilidad del Gobierno… y la cruel indiferencia de la población urbana.
Supuestamente, la ideología o el sistema de creencias que postula el EP tienen su piedra angular en las sabidurías y prácticas del mundo indígena. No obstante, la marcha de la nación Qhara Qhara y otros pueblos ha revelado el chasco político e ideológico de ese artificio retórico. Hay un cruel contrasentido entre la narrativa indígena oficialista, el pachamamismo, y las prácticas cotidianas antiindígenas del Gobierno; pienso en el fiasco de la descolonización y en las políticas públicas respecto a la tierra, el territorio y la economía.
Supuestamente, el EP reconoce la propiedad comunal de la tierra y aspira a la restitución de los territorios ancestrales; pero en los hechos, la aplicación calculada y astuta de las normas ha provocado la fragmentación de esos territorios y su concesión en favor de megaproyectos extractivistas. La socióloga Silvia Rivera ha visto en este proceder una continuación de la política “colonial oligárquica” aplicada ya en el siglo XIX, por medio de la ley de exvinculación, profundizada luego con la reforma agraria de 1953. El objetivo: apropiarse de la tierra y los recursos naturales que existen en esas áreas. Parece que hoy sucede exactamente lo mismo, pues se conceden títulos a los sindicatos campesinos que constituyen la base social del MAS, en detrimento de la propiedad comunal. El ayllu se desvanece, como lo profetizó Tristan Platt, gracias a la mercantilización de la tierra y las políticas desarrollistas de un “gobierno indígena”.
A pesar de la cooptación de las organizaciones indígenas /campesinas, la marcha constituye un novedad importante en el campo político, en un doble sentido. Por una parte, ha logrado recuperar la autonomía política respecto al Gobierno (condición imprescindible para defender sus intereses); y por otra, ha elaborado una plataforma de demandas y propuestas que pueden darle algún contenido al EP, enderezarlo, a pesar del Gobierno. No necesitamos atravesar un espejo para entrar en ese mundo al revés: está al lado y delante de nosotros.
* Sociólogo.
